La Fiscalía de Murcia no da abasto con los ‘alcaldes’ y ‘concejales’ investigados

Los plazos corren… y se agotan. Para bien, o para mal. La Fiscalía de Murcia tiene que resolver sobre una treintena de investigaciones abiertas antes de Semana Santa porque los plazos legales de investigación penal así lo exigen.

La resolución fiscal de la mayoría de los casos pendientes, pasándolos al juzgado o desestimándolos, coincidirá por tanto con el inicio de la caliente y oficiosa precampaña electoral después de las vacaciones de primavera, pues las elecciones municipales y autonómicas están previstas para el 27 de mayo próximo.

Durante la pasada semana y hasta el día 22 declararán ante Manuel López Bernal, fiscal jefe del TSJ murciano, los investigados por el caso de una recalificación para convertir en urbanizable 250 hectáreas protegidas en Águilas y construir en ellas una urbanización turística de 4.000 viviendas, con campo de golf, en la Sierra de la Almenara.

Este caso de La Zerrichera -nombre de la finca- es paradigmático de lo ocurrido en la costa mediterránea en los últimos años. En el curso de la investigación fiscal tuvieron que declarar el alcalde de Águilas, Fernando Martínez López (PP), y todos los concejales que participaron en la comisión de urbanismo que aprobó la recalificación, entre los que hay ediles del PP, un expulsado del PSOE por aprobarla y otros del PSOE e IU que se opusieron a la medida. Este caso ha de resolverse –enviándolo al juez o con el improbable desistimiento de la Fiscalía– antes del 23 de febrero.

El PSOE y los ecologistas denunciaron el asunto en abril de 2006. El 30 de mayo, la Consejería de Medio Ambiente paralizó provisionalmente el proyecto, pero la investigación ya estaba en marcha. La primera sorpresa importante saltó en el primer día de declaraciones, cuando el ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, le dijo al fiscal que, en su opinión ya expresada cuando estaba en el cargo, no se puede urbanizar La Zerrichera por las figuras de protección que tiene.

Los terrenos están considerados Zona de Especial Protección de Aves (Zepa) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), figuras de protección ambiental de ámbito europeo. Y ese fue el argumento de Brugarolas para oponerse en su momento a la recalificación que finalmente fue aprobada por el Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas en 2005 y 2006, respectivamente.

Su opinión fue ignorada por el entonces consejero de Obras Públicas, Francisco Marqués, actualmente director gerente de la cooperativa farmacéutica Hefame. Su sucesor, Benito Mercader, paralizó el expediente hace unos meses, cuando ya la Fiscalía había intervenido.

Intereses creados en La Zerrichera

Otro elemento revelador y paradigmático en este asunto: el empresario comprador de los terrenos antes de la recalificación y promotor de la urbanización es Trinitario Abadía Casanova, propietario del Grupo Hispania, que es uno de los concesionarios de la explotación del canal de televisión digital terrestre de propiedad autonómica, es decir, pública, La 7. Casanova también es amigo personal del consejero de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana.

Más aún, la caja de ahorros de Guipúzcoa, la Kutxa, también tiene intereses inversores en La Zerrichera con el Grupo Hispania, calculándose en un 30% el porcentaje de esa entidad bancaria en el proyecto.

Confirmación del ambiente que predominará en Murcia de aquí a primavera, el mismo día que termina la investigación de La Zerrichera, habrá de declarar por supuesta prevaricación una concejal del Ayuntamiento de Murcia, María José Velasco (PP), denunciada por la adjudicación de un concurso para construir un gran estacionamiento subterráneo en el centro de la ciudad.