El Gobierno maniobra para apartar a Gómez Bermúdez, cercano al PP, de la presidencia del juicio del 11-M

Al Gobierno Zapatero y a su entorno judicial y mediático le han cogido con el pie cambiado las decisiones –nuevos análisis sobre el explosivo utilizado y citación de tres etarras como testigos- adoptadas por el juez Gómez Bermúdez en el auto que prologa la apertura del juicio oral sobre los atentados del 11-M, y quieren apartarlo de la presidencia del Tribunal por considerarlo próximo al PP y cercano a las tesis conspirativas en torno a la masacre.

Con el pie cambiado o, mejor, con el juez cambiado. El mar de fondo era ayer perceptible en amplios sectores socialistas, conscientes de la importancia de un juicio que puede prolongarse hasta las puertas mismas de las próximas elecciones generales. En el Gobierno creen que los “duros” del PP han decidido jugarse la suerte de esas generales a la carta del juicio del 11-M, en el que intentarían demostrar que el PSOE manipuló la muerte de 196 personas para ganar ilegítimamente unas elecciones.

Y el hombre elegido para esa tarea sería el magistrado Javier Gómez Bermúdez, de ideología cercana al PP, que la semana pasada fue ratificado como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por un CGPJ que lleva en funciones dos meses, a consecuencia del desacuerdo existente entre los partidos políticos sobre su renovación.

Era la tercera vez que Bermúdez -que fue respaldado por los votos de los vocales conservadores, elegidos en su día a propuesta del PP- era elevado al cargo, después de que en las dos ocasiones anteriores el Tribunal Supremo anulara su nombramiento por no estar suficientemente motivado.

¿Cuál sería la vía para apartar a Gómez Bermúdez de la presidencia del tribunal –integrado también por los magistrados García Nicolás y Alfonso Guevara, el juez que metió a Pedro J. Ramírez durante unas horas en los calabozos de la Plaza de Castilla- juzgador del 11-M? Una nueva revocación de su nombramiento.

En efecto, el martes 23 de enero, el también magistrado Ricardo de Prada, uno de los varios aspirantes a ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal, presentó ante el Supremo un “incidente de ejecución de sentencia” solicitando la anulación del nombramiento de Bermúdez quien, en su condición de jefe de la Sala de lo Penal, voluntariamente presidirá el tribunal que juzgará el 11-M a partir del 15 de febrero próximo.

De Prada fundamenta su iniciativa en que el CGPJ adoptó su acuerdo con el voto a favor del presidente del organismo, el magistrado Francisco José Hernando, “quien legalmente estaba cesado desde el pasado 7 de Noviembre de 2006”, según estable al Ley Orgánica del Poder Judicial.

Las prisas del Tribunal Supremo

Lo sorprendente es que, con asombrosa celeridad, el Tribunal Supremo, además de admitir –un mero trámite- el recurso de De Prada, ha decidido convocar Pleno para resolverlo el próximo día 20 de febrero, martes, apenas cinco días después de iniciado el juicio. ¿Presagio de una tercera, y quizá definitiva, anulación del nombramiento?

El Pleno del Supremo está integrado por 32 magistrados, y las afinidades políticas están bastante repartidas, por lo que resulta aventurado efectuar un vaticinio. Lo que sí está claro es que si se produjera un nuevo cese de Gómez Bermúdez como jefe de lo Penal de la Audiencia, lo que acarrearía su separación como presidente del tribunal juzgador, sería necesario anular lo actuado hasta entonces.