El hermano de un diputado del PP, implicado en un supuesto caso de comisiones ilegales en Alava

Enrique Azpiroz, hermano del diputado del PP José Eugenio Azpiroz, aparece implicado en un supuesto caso de pago de comisiones ilegales en la Diputación de Alava, gobernada por el PP. Azpiroz es el administrador único de Fabricados para el Transporte y la Comunicación (Fatco, una empresa con sede en Andoain, Guipúzcoa) y era el encargado de firmar las facturas que presuntamente se utilizaban para inflar los gastos de las compañías de autobuses rurales subvencionadas desde la institución foral. Según la Diputación, que ha cesado y expedientado al funcionario que firmaba dichas ayudas, entre 2003 y 2005 se pudieron llegar a defraudar unos 1,3 millones de euros.

Al parecer, el ahora ex jefe de Transportes de la institución foral, Carlos Jiménez Echevarría, se encargaba personalmente de entregar las facturas de Fatco a las empresas de autobuses para que las aportaran como justificación de gastos extraordinarios que debían recibir subvención. La mayor parte de los recibos se correspondían con gastos de edición de horarios, folletos para marquesinas y publicidad del servicio.

Supuestamente, todas estas facturas eran ficticias, de tal forma que fue una de las propias compañías la que se dirigió a la Diputación para explicar lo que estaba sucediendo. A tenor del relato de los hechos realizado por Carlos de Andrés, actual diputado de Transportes de Alava y próximo candidato por el PP para presidir esta institución, sólo Fatco, que cobraba los recibos, se enriqueció directamente con la actividad.

Gasto excesivo en publicidad

El propio De Andrés, que ha actuado con cierta celeridad para aclarar las circunstancias de este oscuro caso, se encargó de revelar detalles de la denuncia de la empresa afectada: "Del importe de la factura que se nos iba a pasar se informaba personalmente por el jefe de servicio de Transportes, el señor Jiménez, en su despacho o telefónicamente. Dicha información se daba de forma individual a cada empresa transportista, desconociéndose el importe a pagar por los restantes ni los criterios seguidos para el reparto del coste de publicidad. Los trabajos de publicidad de Fatco no obedecían a encargos nuestros, y de ahí el desconocimiento que teníamos de los conceptos que se iban a incluir y del importe de los gastos”.

“En reiteradas ocasiones le comenté que me parecía un gasto excesivo el de publicidad, a lo que el señor Jiménez me respondía que tenía que ser así y me decía 'tú paga que yo ya te pongo a ti el trimestre de la subvención y te lo compenso'. En todo momento creíamos que se trataba de la repercusión de unos gastos de publicidad encargados directamente por la Diputación a costa de las concesionarias de las líneas deficitarias. Cuando nos demorábamos en el pago de las facturas recibíamos llamadas reclamándonos su inmediato abono. Dichas llamadas se hacían tanto por parte de Fatco como directamente por el señor Jiménez."

La Diputación ha encargado una auditoría externa y ha reconocido que ya en 2004 se tenía conocimiento de que los costes de estos autobuses rurales eran muy elevados. Sin embargo, el funcionario encargado de tramitar estas ayudas, ahora expedientado, demoró extraordinariamente la entrega de un informe sobre el asunto.

Denuncia de un sevillano atípico

Todo parece haberse acelerado a raíz de la aparición en escena de Manuel Maysounave, un atípico abogado sevillano afincado en Vitoria desde hace años, que se encargó personalmente de denunciar los hechos ante los tribunales de justicia y la Fiscalía Anticorrupción.

Maysounave es conocido por haber representado a 707 pensionistas asturianos que demandaron al PP por incumplir una promesa electoral relacionada con sus impuestos y por haber promovido el Partido Proverista en los años setenta.