El Supremo exime de responsabilidad al Estado por el secuestro de Publio Cordón, desaparecido desde 1995

La familia del empresario Publio Cordón, secuestrado por los GRAPO hace nueve años y del que no se sabe nada desde entonces, no puede reclamar daños al Estado. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo en una sentencia por la que concluye que la Administración no es responsable por el hecho de que uno de los raptores, Silva Sande, jefe de los terroristas, se hubiera fugado antes de la cárcel. Ni tampoco porque la Policía detuviera a tres miembros de la organización y pusiera en riesgo al secuestrado, hipótesis que el Alto Tribunal califica de “cuando menos” atrevida.

La sentencia dada a conocer hoy desestima el recurso interpuesto por la familia del empresario contra un fallo de la Audiencia Nacional en el que da la razón al ministerio del Interior, que desestimó su responsabilidad en ambos asuntos. En ella, el Supremo considera que el que Silva Sande se escapara de la cárcel tres años antes de los hechos no influyó en el secuestro del empresario, aunque la Justicia haya considerado probado de que el terrorista fue uno de los captores.

En concreto, el Alto Tribunal afirma que el secuestro se pudo producir “al margen del quebrantamiento de condena como actuación de la organización terrorista y que resulta cuando menos atrevido afirmar que la operación policial que desemboca en la detención de tres terroristas, propiciase la ilocalización del secuestrado, con lo que viene a señalar que ninguna de ambas circunstancias (quebrantamiento de condena, acción policial) constituyen condiciones sine qua non para la producción del resultado”. Esto es, el secuestro y desaparición de Cordón.

Financiación de los GRAPO

El Supremo sostiene además que el secuestro del empresario tuvo como objetivo financiar a los GRAPO “y no [en beneficio] de uno de sus miembros”. Y añade que tampoco guarda conexión temporal ni causal con la fuga, “ni constituye presupuesto necesario para llevarlo a efecto, sino que tiene lugar tres años después y en el marco de actuaciones de la organización terrorista en ese momento y no el de la fuga”.

Respecto a la operación policial en la que se detuvo a tres terroristas y que pudo desbaratar la posibilidad de que Cordón fuera liberado, el Supremo sostiene que esta afirmación “carece de cualquier acreditación técnica o de hecho, respondiendo a valoraciones subjetivas de la parte que carecen de la necesaria fundamentación fáctica (se desconoce el momento y circunstancias de la falta de liberación del secuestrado) o de pericia policial (falta cualquier valoración técnica que permita calificar como deficiente o anormal la actuación de la policía), lo que impide apreciar la existencia de un riesgo que supere las normas tipo, patrón o modelo de actuación policial y menos aún que el resultado lesivo cuya reparación se pretende responda a la materialización de ese riesgo”.

Todo apunta a que Cordón fue asesinado por sus secuestradores o que murió durante su cautiverio. En enero de 2005, el Supremo concedió la pensión de viudedad a la mujer de Cordón, Pilar Muro.

Rescate de 400 millones

La Audiencia Nacional, por su parte, condenó a un total de 86 años de prisión a los miembros del GRAPO Enrique Cuadra Echeandía, José Ortín Martínez y Concepción González Rodríguez por el secuestro y desaparición de Cordón. En esa misma sentencia, de noviembre de 1998, se considera probado que Silva Sande participó en el secuestro.

La familia de Cordón pagó un rescate de 400 millones pesetas, pero el PCE-r hizo público un comunicado asegurando que el secuestrado había sido puesto en libertad, lo que descarta la sentencia.