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El Estatuto balear complica más el ‘sudoku’ de la financiación autonómica
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El Estatuto balear complica más el ‘sudoku’ de la financiación autonómica

La financiación de las comunidades autónomas amenaza con convertirse en una especie de gestión por categorías de las distintas fórmulas que ofrece el Gobierno central para

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El Estatuto balear complica más el ‘sudoku’ de la financiación autonómica

La financiación de las comunidades autónomas amenaza con convertirse en una especie de gestión por categorías de las distintas fórmulas que ofrece el Gobierno central para repartir el dinero, al estilo de los supermercados. El pacto de PSOE y PP sobre la reforma del Estatuto de Baleares incluye que el Estado creará, sólo para esta autonomía, un fondo con el fin de compensar el “hecho específico y diferencial de su insularidad”. Dicho fondo se integrará en una futura ley que regulará el régimen especial balear.

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció recientemente que el sudoku (juego de moda japonés) sobre la distribución del dinero se podría complicar aún más. Y así ha sido. El Estatuto de Cataluña refiere el reparto de las inversiones en siete años a la riqueza que aporta esta comunidad al PIB nacional, y basa buena parte de su futura financiación en el factor de la población, en especial la inmigrante; en el de Andalucía se prima la población; el de Aragón consagra la territorialidad y el de Baleares, como no podía hablar del PIB –el PP lo ha recurrido al Constitucional-, opta por la territorialidad, subcategoría de insularidad.

Solbes juega con las cartas marcadas porque el sudoku en cuestión será cerrado a partir del 2008, cuando un nuevo gobierno llegue al poder. Entonces las comunidades del régimen fiscal común (todas menos País Vasco y Navarra) pactarán junto al Gobierno central el reparto del dinero destinado a su financiación. Y para compensar esta patada hacia delante, Solbes dará a Baleares una buena cuantía de inversiones para que no haya protestas mientras tanto. Serán 2.500 millones de euros a repartir en siete años por medio de convenios sobre transportes, ferrocarriles, puertos, medio ambiente, costas, etc. Este dinero de más no empezará a llegar a las Islas hasta 2008.

El PP entra así de lleno en las reformas estatutarias. Y, como si en un juego de camas se tratara, los negociadores de este partido y los del PSOE andan adaptándose a las circunstancias de cada estatuto, porque donde en uno no era posible destinar dinero concreto, en otro sí que lo es. Así las cosas, se colige que, al final, sólo habrá disensión en el Estatuto de Cataluña.

Un senador con 8.600 habitantes

El nuevo Estatuto de Baleares incluye una reforma institucional de calado, que no se producirá en ningún otro. Esta autonomía tendrá un senador más en la Cámara Alta en representación de Formentera. La razón estriba en que la Constitución sostiene en su artículo 69 que habrá un senador por cada cabildo insular. Y el nuevo Estatuto contiene que esta paradisíaca isla dispondrá de su propio Consell insular, cuando antes estaba agrupada a Ibiza.

Formentera tiene 8.600 habitantes –en agosto 45.000-, un centro de salud y, próximamente, hasta un hospital que costará ocho millones de euros. Tras la reforma, su alcalde será presidente del Consell y los 13 concejales serán, a su vez, los consellers. La nueva institución requiere de un edificio representativo, para lo que se destinarán 25 millones de euros. El Estatuto realza la figura de los consells de cada isla, de tal forma que habrá una Conferencia de Presidente de los Consejos Insulares, al estilo de la impulsada por Zapatero para las autonomías.

La financiación de las comunidades autónomas amenaza con convertirse en una especie de gestión por categorías de las distintas fórmulas que ofrece el Gobierno central para repartir el dinero, al estilo de los supermercados. El pacto de PSOE y PP sobre la reforma del Estatuto de Baleares incluye que el Estado creará, sólo para esta autonomía, un fondo con el fin de compensar el “hecho específico y diferencial de su insularidad”. Dicho fondo se integrará en una futura ley que regulará el régimen especial balear.