Valcárcel busca el apoyo de Rajoy para su política hídrica, mientras Murcia recalifica regadíos y usa pozos ilegales

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, intenta desesperadamente que Mariano Rajoy respalde sus posturas sobre el reparto hídrico y contra el ‘blindaje’ de cuencas que propugnan el PP de Aragón y de Castilla-La Mancha, mientras en su propio territorio algunos alcaldes, como el de Librilla o el de Murcia, boicotean indirectamente sus posturas recalificando terrenos o manteniendo usos ilegales del agua.

Horas antes de que Valcárcel se reúna, hoy por la tarde, a las 17.30 horas, con Rajoy en la sede central del PP en Génova, para recabar su apoyo en la recuperación del proyecto de trasvase del Ebro al Segura, varios asuntos están dinamitando su estrategia. El primero es el Ayuntamiento de Librilla, a 20 kilómetros al oeste de la capital murciana, que acaba de decidir la recalificación de 2.800 hectáreas de regadío para convertirlas en urbanizables mediante la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (MIMA) tenía acordado una subvención de 11 millones de euros para modernizar 3.515 hectáreas de plantaciones de cítricos en Librilla, es decir, suprimir el riego “a manta” (por inundación) y sustituirlo por nuevas tuberías para riego por goteo.

El secretario general del MIMA, Josep Puxeu, anunció nada más conocerse los cambios del PGOU de Librilla que anulará esa subvención para modernizar regadíos y facilitar el ahorro de agua. El alcalde popular de Librilla, José Martínez, justifica la reclasificación en la falta de agua por la sequía. Los regantes de Librilla, por boca de su presidente, Pedro Legaz, se declaraban “ignorados”. Y el portavoz regional del PSOE, José Ramón Jara, aseguraba que sus dos concejales en el pueblo habían sido “engañados”.

Los jardines de Murcia y los pozos del Ayuntamiento

Horas después de ese anuncio de Puxeu desde Madrid, el organismo rector de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Segura, aseguraba que los jardines de la ciudad de Murcia –cuyo alcalde, Miguel Ángel Cámara, es el secretario general del PP regional– se siguen regando gracias a 60 pozos ilegales que mantiene el Ayuntamiento capitalino.

El presidente de la CHS –organismo dependiente del MIMA–, José Fuentes Zorita, declaraba al diario La Opinión que el Instituto Geológico Minero (IGM) teme que los efectos de la sobreexplotación de esos acuíferos puedan llegar a afectar a las cimentaciones de algunos edificios de la ciudad, puesto que muchos de esos pozos están dentro de ella, como ya ocurrió en la anterior sequía de 1992-1994, cuando gobernaba el PSOE, por cierto.

La concejal de Medio Ambiente de Murcia, Pilar Megía, asegura que “la red urbana de riego ha sido pionera en toda España y Murcia ha sido reconocida a nivel mundial en cuanto a ahorro y gestión hídrica” y culpa a la CHS de que no se hayan podido legalizar esos pozos. Cabe recordar que en la Región no se ha dictado decreto de ahorro y/o restricciones de agua, a diferencia de otras comunidades gobernadas por el PP.