Los constructores se rebelan contra el Gobierno murciano por paralizar las 5.000 viviendas de Lo Poyo

Los constructores de Murcia se han echado al monte, al menos verbalmente, contra el Gobierno regional, después del anuncio parlamentario del presidente Valcárcel de paralizar en Cartagena el proyecto urbanístico Lo Poyo. Esta finca fue adquirida en 2004 por la Kutxa y los empresarios vascos Arteche, Aguirre y Maya, tras desembolsar 214 millones de euros. La transacción contó con la intermediación del capo marbellí Juan Antonio Roca.

Los ‘empresarios del ladrillo’, que siempre han estado bien considerados por el Gobierno del PP, empiezan a sentirse molestos por los últimos acontecimientos y decisiones del ejecutivo autonómico.

Valcárcel habló en la Asamblea murciana, en Cartagena, de que tenía razones “morales” para decidir que no se harán las 5.000 viviendas de Lo Poyo, junto a un saladar protegido, con campos de golf anexos. E incluso expresó sus dudas sobre la legalidad de ciertas pretensiones de los promotores, como aumentar la edificabilidad.

Las razones políticas que llevaron a Valcárcel a desmarcarse de Lo Poyo, dejando en evidencia al ayuntamiento cartagenero, están claras: marcar distancias con la Operación Malaya, que amenazaba con salpicar al gobierno murciano, habida cuenta de la reconocida intervención de Roca y de que el concejal cartagenero de Urbanismo, Agustín Guillén, reconoció haberle recibido “una vez” y “para pararle los pies”.

Tras el sorpresivo anuncio de Valcárcel, la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, anunció de prisa y corriendo que el nuevo plan de ordenación del municipio protegerá más hectáreas y se harán 20.000 viviendas menos de las previstas en el avance de ese plan.

Las consecuencias económicas y para la imagen exterior de la región están empezando a evaluarse ahora. Sobre estas últimas, queda claro que la Kutxa tendrá problemas internos –ya se han manifestado– por la pérdida de su parte de inversión en Lo Poyo, calculada en unos cien millones de euros. Los 214 que se pagaron por la finca a la familia Armengol en 2004 quedan reducidos a cenizas si no se urbanizan los terrenos.

“No hay ningún proyecto inmoral”

Por otro lado, las consecuencias económicas están apareciendo ya en la propia Región de Murcia. Los primeros en manifestar su enfado han sido los constructores, a través de su Federación de Empresarios. La ambigüedad de Valcárcel les sentó como un tiro. Fulgencio Belando, presidente de la Federación, declaró que “caprichosamente no se puede proteger o desproteger una zona” y añadió que “no hay ningún proyecto inmoral: o es legal o es ilegal”.

Llovía sobre mojado. A raíz de la polémica sobre los difíciles accesos a Murcia tras la falta de previsión de viales en los convenios urbanísticos para desarrollar comercialmente el norte de la capital y la investigación de la Fiscalía sobre el ex jefe de Planeamiento, fuentes del sector aseguran que el Ayuntamientos capitalino estaba aplazando sistemáticamente todas las propuestas de nuevos convenios. No quieren saber nada hasta después de las elecciones de mayo de 2007.

Desde el PSOE, el cabreo de los constructores se contempla como la penitencia que acarrea el pecado. “No pueden reaccionar corporativamente defendiéndose los unos a los otros. Tienen que distinguir ellos mismos las que son inversiones especulativas en la construcción y las que no lo son”, dice Teresa Rosique, portavoz parlamentaria socialista.

Nueva Condomina, otra chinita en el zapato