La operación Malaya pone cerco al PP murciano a cuenta del polémico pelotazo de la finca de Lo Poyo

El anuncio de que la marbellí operación Malaya tendrá una fase investigadora sobre cargos públicos de las comunidades valenciana y murciana, ambas gobernadas por el PP, ha provocado en apenas tres días una catarata de acusaciones y contraacusaciones en torno a los gobernantes populares en la Región de Murcia. La mayoría de las críticas se centran en la ya famosa recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de la finca Lo Poyo.

Esos terrenos, que circundan un paraje protegido en la ribera sur del Mar Menor, fueron adquiridos en 2004 -cuando todavía estaban sin recalificar- por 213 millones de euros. Lo compraron personas y empresas interpuestas al servicio del cerebro de la trama marbellí, el cartagenero Juan Antonio Roca.

La pregunta del millón es quién sabía que los terrenos se iban a recalificar –con plan urbanístico de 5.000 viviendas incluido-, facilitando así su compra por un conglomerado de empresas en las que figuran mayoritariamente los vascos Agustín Aguirre, Luis María Maya y Javier Arteche, considerados testaferros de Juan Antonio Roca.

Una respuesta indirecta a esta pregunta vino públicamente el pasado sábado por boca del dimitido alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, quien declaró que quienes mejor pueden contestar a aquella pregunta son el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, y su hermano, el abogado Carlos Valcárcel.

El nombre del hermanísimo ha venido apareciendo reiteradamente en los últimos años en determinados negocios por su estrecha relación con Antonio Sánchez Carrillo, concejal de Fomento de Murcia y presidente del comité regional de listas del PP, es decir, el número tres del partido tras el presidente Valcárcel y el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara.

Las idas y venidas de Sánchez Carrillo, sus entradas y salidas de consejos de administración de empresas como Puerto Mayor S.A. –paralizado por el Ministerio de Medio Ambiente– o Polaris World –la mayor urbanizadora de resorts de la Región– le han hecho renunciar a volver a ser candidato en las municipales de 1997.

De recalificaciones, hermanos y abogados

No obstante, todo apunta a que será mantenido como aforado figurando como candidato del PP a la Asamblea Regional. La misma solución que ya adoptó la dirección del PSOE con los alcaldes de Los Alcázares, Juan Escudero, y Lorca, Miguel Navarro, dimitidos por sus conexiones con Roca, el primero, y por su rebeldía urbanística, el segundo.

Pero, a diferencia del caso de Los Alcázares, en los papeles marbellíes de Juan Antonio Roca están apareciendo nombres cartageneros que dan que pensar en relación con la recalificación de los cinco millones de metros cuadrados de Lo Poyo (Ver El Confidencial del 15 de septiembre de 2006).

Así, figura el de Tomás Amat Tudurí, arquitecto, hermano y colega profesional de Rafael Amat Tudurí, que era director general de Urbanismo en 1996 y aprobó la primera recalificación de Lo Poyo, que luego fue dejada sin efecto por el TSJ de Murcia. Otro nombre que aparece recurrentemente es el del también cartagenero y ahora diputado nacional Andrés José Ayala, ex abogado de los propietarios de entonces, la familia Armengol, que era el secretario general de la Consejería de Urbanismo.