Las comunidades del PP se movilizan contra el Estatuto catalán

Batería de recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el presentado por cincuenta diputados del PP, encabezados por el ex ministro Federico Trillo, mientras que varias autonomías gobernadas por este partido estudian la misma medida.

Se trata de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares. Todos ellos tendrán que demostrar que están legitimados para actuar porque la norma catalana afecta a sus competencias. Las estrellas son los artículos referidos al Archivo de la Corona de Aragón, el Ebro, la financiación o la tipología de competencias.

En este momento hay tres recursos interpuestos en el Alto Tribunal. Son los presentados por Región de Murcia, del PP; el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, y el de los populares. Sólo una comunidad socialista, Aragón, ha anunciado que acudirá al Constitucional para defender la unidad del Archivo de la Corona de Aragón.

En realidad, la noticia sería que el TC rechaza un recurso de inconstitucionalidad, no su admisión a trámite: suele aceptar todas estas demandas. Por el contrario, rechaza el 90% de los recursos de amparo, que mantienen colapsados sus servicios jurídicos.

La cascada de admisiones a trámite continuará en las próximas semanas, ya que el plazo para recurrir el Estatuto catalán termina el próximo 19 de octubre. Es probable que el Constitucional espere a ese día para decidir si estudia las demandas por separado o las agrupa y analiza los artículos recurridos.

También tiene que resolver la recusación presentada por el PP contra el magistrado Pablo Pérez Tremps, admitida ayer también a trámite. La razón: participó en la elaboración de un estudio sobre el Estatut promovido por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat catalana, verdadero think tank de la reforma.

Se desconoce aún si el Constitucional resolverá antes los recursos presentados por los gobiernos socialistas de Aragón y Castilla-La Mancha contra el Estatuto valenciano.

Quién manda sobre el agua del Ebro

Comunidad Valenciana y Baleares defienden la ilegalidad del precepto referido al Archivo de la Corona de Aragón. La disposición adicional tercera del Estatut incorpora los fondos propios de Cataluña al sistema de archivos de esta comunidad. Estas autonomías consideran que afecta a la unidad de estos fondos documentales, de los que todas ellas son herederas.

Valencia también se siente afectada por los artículos referidos a la gestión del agua, al igual que Murcia y La Rioja. La norma catalana blinda los ríos Ebro y Ródano. En el caso del primero, otorga a la Generalitat competencias para fijar su caudal ecológico, cuando la Constitución reserva esta responsabilidad al Estado cuando un río discurre por más de una autonomía. En el caso del Ebro, son nueve comunidades afectadas.

El Gobierno riojano también cree ilegal lo dispuesto en cuanto a denominaciones de origen, la financiación, la tipología de competencias o todos los artículos referidos a la Justicia.

María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, tiene la intención de resolver cuanto antes esta ensalada de demandas, pero todo apunta a que allí no comenzarán a entrar en el fondo del asunto hasta finales de este año. De todas formas, el Alto Tribunal ha estado seguido muy de cerca el debate suscitado en el proceso de elaboración del Estatuto catalán.