El PSOE adelanta sus primarias en Murcia tras destaparse los últimos escándalos inmobiliarios

La decisión excepcional de la cúpula organizativa del PSOE de adelantar las primarias a mayo en cinco Comunidades Autónomas donde no gobierna (Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, Rioja y Murcia) es una estrategia elaborada tras destaparse los últimos escándalos inmobiliarios conocidos, sobre todo en esta última comunidad.

En efecto, a pesar de que, desde Ferraz, José Blanco haya hecho saber a la prensa que se confía mucho en el líder socialista murciano, Pedro Saura, para desbancar al gobernante Ramón Luis Valcárcel (PP), lo cierto es que la labor de oposición de aquél tiene su Talón de Aquiles en el interior mismo del Partido Socialista de la Región Murciana (PSRM).

Mientras sigan vivas y coleando las consecuencias inmediatas del asunto Marbella en el municipio murciano de Los Alcázares (Mar Menor) gobernado por el PSRM, sin que las investigaciones al respecto consigan aún implicar directamente a regidores del PP, parece difícil que la estrategia atacante de Saura pueda dar resultado electoral tangible en las elecciones autonómicas y municipales de la primavera de 2007. De ahí el adelanto de las primarias para buscar una solución a esta situación.

Porque, por mucho que Saura y su grupo dirigente pretendan dirigir su labor opositora a denunciar los tremendos excesos del urbanismo desaforado que lleva a cabo el PP en Murcia, algunos de los mejores representantes de esa política urbanizadora sin límites, a base de campo de golf para turismo residencial, son alcaldes del Partido Socialista: los de Lorca, Los Alcázares, Jumilla y La Unión.

A simple vista, en una primera aproximación y a diferencia de lo que ocurre en las otras cuatro comunidades autónomas donde se han adelantado las primarias, parece difícil que el electorado murciano considere creíbles las críticas contra el urbanismo extremo del PP provenientes de otro partido, el socialista, con al menos cuatro alcaldes gobernantes que aplican con descaro la misma política urbanística y con el mismo arma: la ley regional del Suelo de 2001 y los convenios urbanísticos que autoriza.

Los Alcázares, Lorca, Jumilla y La Unión

El caso más sangrante, contra lo que podría parecer, no es el de Los Alcázares, sino el de Lorca, tercera ciudad de la Región, cuyo alcalde socialista, el conocido Miguel Navarro, viene desde hace años dando pruebas de su particular visión de lo que es la disciplina de partido. No hay que olvidar que abandonó de un portazo -casi literal- la Ejecutiva Nacional del PSOE, hace cuatro años, porque ésta se opuso formalmente al Plan Hidrológico Nacional del gobierno de José María Aznar.

Navarro se lleva la palma en proyectos urbanizadores de ‘golf más viviendas para extranjeros’ en su municipio, Lorca, el más grande de España, en metros cuadrados, naturalmente. Aplica la ley regional del Suelo para urbanizar sin tasa mediante convenios urbanísticos y uno de sus ediles –qué casualidad, el de Urbanismo– participa en un ‘negociete’ con prebostes del PP en la capital de la región.

Pero mientras el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, suda tinta para justificar cómo desconocía las actuaciones por las que su arquitecto municipal aparece cada vez más implicado con el famoso Juan Antonio Roca en su propio municipio, el de Jumilla, Francisco Abellán, senador y predecesor de Saura en la secretaría regional socialista, acaba de aprobar un plan para construir nada menos que 65.000 nuevas viviendas en su municipio. Obviamente, no se trata de VPO, entre otras cosas porque Jumilla no tiene esa población ni parece que la legislación de vivienda contemple todavía la construcción de campos de golf para ese tipo de habitaciones sociales.