Las otras facturas del 'Prestige': Holland & Knight pasa al Estado una minuta de 12 millones de euros

La catástrofe del Prestige continúa coleando y no sólo por las cintas sonoras que han visto ahora la luz. Debido a razones pecuniarias, la Abogacía del Estado tiene todavía muy presente el caso del petrolero que provocó la famosa marea negra que inundó las costas gallegas a finales de 2002.

El órgano jurídico de la Administración negocia con el bufete contratado para la defensa de los intereses del Reino de España en los tribunales estadounidenses la minuta de 12 millones de euros presentada por los servicios prestados, para sorpresa de los deudores.

La factura trae de cabeza tanto al Ministerio de Fomento como a la Abogacía del Estado por lo abultado de la nota, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas, que ven cómo las gestiones iniciadas entonces por los populares tienen que ser liquidadas ahora por los socialistas.

Haight Gardner Holland & Knight, firma especializada en derecho marítimo, fue contratada para presentar una demanda ante el Tribunal Federal de Nueva York contra la sociedad de clasificación del petrolero, American Bureau of Shipping (ABS). Ahora espera cobrar sus nada despreciables honorarios.

La batalla legal entre el Gobierno y ABS se convirtió en el eje de la defensa del Ejecutivo, al entender que la compañía estadounidense actuó de forma negligente cuando concedió el certificado de navegabilidad al Prestige. Por este motivo, se le reclamaba la cantidad de 500 millones de euros.

Para la cruzada judicial, el Estado contó también con el asesoramiento del despacho español Uría & Menéndez, que participó en la defensa del caso y sugirió sobre la conveniencia de los servicios del bufete Holland & Knight.

Las discrepancias con el bufete estadounidense sobre los honorarios a pagar tienen que ver con la falta de un acuerdo documental que rubrique el encargo, como reconoció Presidencia del Gobierno a finales de 2004.

De acuerdo con el diario La Voz de Galicia, citando a fuentes gubernamentales, lo único que hubo fue “un encargo verbal con la Embajada de España en Estados Unidos” para que se contratara al bufete. La prueba documental se antoja imprescindible para autorizar el gasto de fondos públicos. El pleito se ha convertido en un nuevo pleito.