Las grandes superficies pagan a la Generalitat una deuda de 150 millones... a plazos

La Generalitat no paga, pero al Gobierno catalán también le deben; y mucho. Es el caso de las grandes superficies, que adeudan al Ejecutivo de Artur Mas un total de 150 millones de euros por el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales que, hasta ahora, el sector se había negado a abonar.

Según han explicado fuentes del comercio, los grandes grupos han optado por solicitar el aplazamiento de la mayor parte de estos 150 millones y pagar de forma fraccionada, de manera que la Generalitat no les ejecute los avales depositados en un momento en que todas las empresas tienen estrecheces de circulante. Abonarlo de golpe habría supuesto tensiones importantes de tesorería para los gigantes de la distribución española.

Fuentes de la Agencia Tributaria de Cataluña, dependiente del departamento de Economía, se han negado a ofrecer cualquier dato, alegando que no pueden hacer ningún comentario sobre la situación fiscal de los contribuyentes.

La única información pública de la que se dispone es la del Informe Mensual de Tributos que hace público la Generalitat. En el último, correspondiente al mes de marzo, se señala que en el primer trimestre del año el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales ingresó 1,9 millones de euros.

Esta cifra refleja que los grandes del comercio en España ya están pagando este impuesto, después de que el Tribunal Constitucional rechazara el recurso de las empresas para intentar no abonar dicho tributo, según interpretan fuentes del sector.

Doce años sin pagar

Los 150 millones adeudados corresponden a los ejercicios comprendidos entre 2001 y 2012, en los que la Generalitat y los grandes de la distribución, que se negaron a pagar el impuesto, iniciaron una larga batalla legal que les llevó hasta el Constitucional. El alto tribunal terminó dando la razón a la Administración catalana.

Este aplazamiento tendrá un coste para las empresas ya que, como prevé la ley, “el aplazamiento o el fraccionamiento de una deuda devenga intereses de demora desde la fecha de vencimiento del plazo voluntario de ingreso. En el caso de que la garantía aportada sea un aval bancario, el interés de demora exigible será el interés legal”, que en este momento se sitúa por encima del 8%. Un buen negocio para la Generalitat, pese a que los intereses empiezan a contar desde que se solicitó el aplazamiento y no desde 2001, cuando se dejó de pagar.

Grupos afectados 

Los grupos afectados por esta derrota legal son básicamente Carrefour y Alcampo, pero hay otros a los que, en menor medida, les afecta el impuesto como El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin o Bahaus.

La oposición a este impuesto se llevó a cabo a través de la patronal Anged. Durante los diez años que llevó la pugna legal, los que se llevaron el gato al agua fueron grupos como Mercadona, que se expandieron por Cataluña con formatos por debajo de los 2.500 m2 de superficie de venta, lo que les dejaba libres del temido tributo.

Sin embargo, si la Generalitat finalmente presenta presupuestos este año, algo que no está claro, podría incluir una ampliación de la tasa a establecimientos por debajo de ese espacio, una petición que impulsa ERC para intentar mejorar los ingresos y atemperar los recortes necesarios.

Para 2013, según el Informe Mensual de Tributos, la Generalitat prevé ingresar 16,2 millones de euros, lo que supondrá un incremento respecto a 2012, de concretamente multiplicar los ingresos por esta partida 27 veces. Será el impuesto cuya recaudación más crezca este año, incluso con el presupuesto del Ejecutivo catalán prorrogado.