Las empresas españolas se plantan: la falta de estabilidad fiscal frena la inversión

Las grandes empresas españolas consideran que hay muy poca estabilidad en las normas tributarias y piden mayor clarificación y simplificación porque la situación "entorpece seriamente" sus decisiones de inversión, según el primer estudio de la Fundación Impuestos y Competitividad y la Universidad Pontificia de Comillas sobre la percepción de las empresas del sistema fiscal español.

Además, las empresas piden a la Administración mejor disposición y apertura al diálogo, tanto en lo relativo a la elaboración de nuevas normas como en su consiguiente aplicación práctica. Las compañías se sienten perjudicadas por la economía sumergida, a la que consideran nociva. El 95% cree que hay bastante o mucha economía sumergida y que esta realidad incrementa bastante o mucho la presión o la carga fiscal sobre los contribuyentes.

Pese a ello, los encuestados se muestran, en general, moderadamente satisfechos con el sistema fiscal del país. En concreto, el 52% de las empresas se manifiestan satisfechas con el sistema fiscal, al que conceden una nota media del 6,63 sobre 10, considerando que las figuras más gravosas son el Impuesto de Sociedades, el IVA y el IRPF, por ese orden.

En esta línea, el 68% de las grandes empresas estiman "claramente insuficientes" las ventajas fiscales para la internacionalización de la actividad empresarial española y el 80% piensa lo mismo de las medidas para favorecer la localización de empresas en España. En cuanto a los incentivos fiscales, el 71% de los encuestados cree que la aplicación administrativa ha dado poca o ninguna efectividad a los mismos, en particular en casos como el Fondo de Comercio Financiero, la reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles y el régimen de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros.

Incumplimiento de plazos

En cuanto a la aplicación práctica del sistema tributario, las grandes empresas coinciden en calificar como "relevante" el incumplimiento de los plazos en expedientes tributarios, tanto en los procedimientos en la vía económico-administrativa como en la vía jurisdiccional. La misma calificación le dan a la falta de motivación de los actos (poca o ninguna) dictados en procedimientos de comprobación limitada y gestión en general (54%), expedientes sancionadores (54%) y resoluciones de recursos de reposición (63%).

Las empresas entienden poco o nada útiles el recurso de reposición (76,92%) y la vía económica administrativa (52,3%); así como la doble instancia en esta última vía (77,2%). Y estiman (por encima del 70%) que en pocos o ningún caso los tribunales económico-administrativos revocan los actos administrativos impugnados.

En lo relativo a sus relaciones con la Administración, destacan de forma significativa (entre el 61% y el 74%) que hay poca o ninguna disposición al diálogo y a la apertura por parte de la autoridad tributaria en la aplicación del sistema fiscal. Asimismo, un 84% opina que la Administración tiene poca o ninguna receptividad a las peticiones de las organizaciones empresariales en los procesos de aprobación de nuevas normas.

Finalmente, el 96% de los encuestados valora como muy importante y positivo el grado de modernización de la Administración Tributaria, destacando los sistemas digitales desarrollados en los últimos años y, en concreto, la introducción del sistema de notificaciones electrónicas (69,86%), informa Ep.