"Sabían lo que compraban" (preferentes)... aunque algunos firmaban con el dedo

A Mauro Varela le ha perdido la lengua. El empresario gallego anunció ayer su dimisión como copresidente de Novacaixagalicia tras la repercusión que han alcanzado unas declaraciones suyas realizadas la semana pasada a la emisora Radio Galega, donde afirmó que los clientes de las cajas gallegas fusionadas (Caixa Galicia y Caixanova) habían comprado participaciones preferentes “sabiendo lo que estaba tomando y, además, rentando un 7%”.

Varela olvidó que a pesar de ser un "producto perfectamente válido", como defendió en su intervención, un día después de la asamblea general de Novacaixagalicia, en ocasiones se colocó de cualquier manera, como demuestran contratos firmados con huella digital, correspondientes a clientes analfabetos de Caixanova, a pesar de que la CNMV recomendaba comercializar estos productos entre inversores con conocimientos sobre los mercados financieros.

El presidente recién dimitido reconoció que el banco "está haciendo todo lo que puede para dar una solución aceptable" a los clientes atrapados con preferentes, aunque recalcó que "no fueron un problema solo de Galicia, sino que fueron un problema en todos los bancos". A su juicio, "eran un producto perfectamente válido" y "se hizo toda la campaña perfectamente legal y la gente las tomó sabiendo lo que estaba tomando y, además, rentando un 7%".

Respecto al proyecto que representa la propia entidad, Varela explicó que la actual situación del banco "no es debida" a la propia entidad, sino "a las normas del Estado" y a la crisis, y tiene la mejor opinión del actual equipo gestor de la entidad, con José María Castellanos (Copresidente) y César González Bueno (consejero delegado) al frente, y del actual consejo de administración, remozado tras la llegada del nuevo plantel y el desembarco del FROB.

Querella contra la excúpula

Los elogios a la actual cúpula tendrán que convertirse en breve en explicaciones ante la Fiscalía Anticorrrupción sobre la anterior, ya que como ayer trascendió se ha querellado contra el explantel directivo de Novacaixagalicia ante los indicios delictivos detectados tras la investigación abierta. En su caso, es probable que tenga que comparecer como testigo dada su condición de expresidente de Caixa Galicia y copresidente de la caja fusionada hasta su dimisión.

A este respecto, en su intervención radiofónica, el empresario y accionista del nuevo banco NovaGalicia con un 4,6% rehusó pronunciarse sobre las indemnizaciones millonarias recibidas por cinco exdirectivos de las cajas, a los que Anticorrupción acusa ahora de administración desleal o, de modo alternativo, de apropiación indebida. "Todos los acuerdos que tomó Novacaixagalicia en su momento fueron después de todos los asesoramientos internos y externos necesarios".

A pesar del sello de legalidad que presupone Varela para las decisiones tomadas siendo copresidente de la fusionada, la Fiscalía Anticorrupción presentó ayer lunes ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional la querella contra cinco exdirectivos de la entidad por las cantidades que se adjudicaron en concepto de prejubilaciones millonarias, "ocultando los importes tanto al Consejo de Administración como al Banco de España".

Administración desleal o apropiación indebida

La querella, presentada tras la práctica de las diligencias de investigación realizadas a lo largo de las últimas semanas, considera que Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes pudieron haber llevado a cabo hechos constitutivos de un delito de administración desleal o, de modo alternativo, de un delito de apropiación indebida con la aprobación de los pagos millonarios.

De acuerdo con Anticorrupción, todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al Consejo de Administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones", un pago al que "no tenían derecho" y que se hizo "en menoscabo de la entidad que administraban y del FROB".