La banca renegocia con los huertos solares sancionados para evitar concursos masivos

La banca empieza a sufrir las miserias de los huertos solares. La suspensión cautelar de las primas a buen número de instalaciones fotovoltaicas acordada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se está convirtiendo ya en peticiones a los bancos para la concesión de waivers y alargamientos de los plazos para el pago de la deuda. Las entidades financieras, desde cajas de ahorro a firmas internacionales, pusieron más de 15.000 millones para sacar adelante proyectos de esta índole, en los que han llegado a aportar entre un 80% y un 90% de la financiación con la garantía de las primas. Y ahora todo está en el alero.

“Lo único que tiene claro la banca es que no quiere ejecutar los huertos solares. Por eso han ido flexibilizando su postura respecto al pago de la deuda –explica un promotor-. Más de una entidad no estaba por la labor de extender los plazos, pero están entrando en razón ante la amenaza del concurso de acreedores y tenerse que quedar con el activo. El problema es que piden garantías de que no habrá más cambios regulatorio en los próximos años. ¿Quién puede garantizar eso después de que el Gobierno haya reducido las primas con carácter retroactivo entre 2011 y 2013? Mis parques ya no cumplen los ratios de retorno de la inversión”.

¿Estás moviéndose los bancos para defender su inversión y evitar que la regulación estrangule a sus clientes? “De momento no están haciendo ninguna labor de lobby, lo cual no deja de ser sorprendente”, se expone desde el sector, aun reconociendo que las prioridades del sistema financiero en este momento van por un camino diferente. Otras fuentes aseguran que la banca aún no ha percibido la envergadura del problema, en tanto todos los project finance acordados en su día cuentan con un fondo de reserva que ha permitido que muchos promotores hayan seguido cumpliendo con las entidades financieras sin tener que poner más capital de su bolsillo.

Como publicó este diario, la patronal bancaria (AEB) remitió a mediados de junio una carta a Miguel Sebastián para trasladarle la preocupación de las entidades financieras ante una posible oleada de ejecuciones de huertos solares. “Como bien conoces –apuntaban al titular de Industria-, el sector de energías renovables descansa en medida muy elevada en la financiación bancaria, habitualmente a través de la fórmula project finance”. Y advertían que “no puede provocarse incertidumbre sobre la capacidad de cada proyecto de generar los ingresos –vía cobro de tarifa- que habían sido proyectados bajo el esquema regulatorio vigente en el momento en que fueron objetivo de financiación por nuestros asociados”.

El “exceso de celo” de la CNE

La cancelación de las primas agrava la situación. La CNE anunció a finales de marzo la suspensión cautelar del pago de los subsidios a 350 instalaciones fotovoltaicas que no habían acreditado disponer en plazo de los equipos. La fecha límite para tener acceso a las generosas primas del Real Decreto 661/2007 era septiembre de 2008. Para beneficiarse de las ayudas, muchos promotores inscribieron sus plantas en el registro sin estar listos para generar efectivamente energía eléctrica. El regulador, que tiene previsto inspeccionar más de 8.000 parques, supervisó en una primera fase un total de 1.001, lo que arroja un inquietante nivel de fraude: una de cada tres no cumplían.

“Lo que sorprende es que no fueran más con las exigencias que se plantean”, expone un promotor. Fuentes internas de la CNE consultadas por este diario admiten que puede haber un exceso de celo, pero recuerdan que las plantas legales recuperarán las primas cuando se sustancie el proceso. “Claro, pero tienes diez días para recurrir ante el Ministerio de Industria después de la resolución de suspensión de la prima. Este puede tardar tres meses en resolver la cuestión. Y luego la vía contencioso administrativa se lleva entre dos y tres años. Aunque te den la razón, ese plazo puede ser insostenible para muchas instalaciones”, subraya.

El Real Decreto 1003/2010 del Ministerio de Industria, de 5 de agosto, establece que las instalaciones inspeccionadas deben aportar facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos, precisando la fecha y el lugar de entrega. También el Documento Único Administrativo de Aduanas si los equipos son importados. Además, están obligados a aportar el certificado expedido por el instalador autorizado; el certificado final de obra, y la referencia catastral de la parcela.

“Hay exigencias que exceden la propia legalidad española. Por ejemplo, no hay obligación de guardar los albaranes de hace cuatro años. Sin contar con la falta de coordinación. Un inversor ha perdido la prima porque su referencia catastral no coincide con la original. Fue la comunidad autónoma la que, en su voracidad fiscal, le obligó a cambiarla. Convirtió su suelo rústico en un BICE (Bien Inmueble de Características Especiales), una modificación que le suponía cobrar 3.000 euros al año por megavatio. Ahora la CNE no identifica la referencia catastral y le suspende la prima. El regulador ha tenido que interpretar la norma sobre la marcha en cuestiones como los proyectos llave en mano, en los que los paneles no figuran a nombre de la instalación”, expone con resignación un inversor a quien se ha retirado el subsidio.

“Quienes se están haciendo de oro por el camino son los bufetes. A 30.000 euros los recursos y 40.000 las pruebas periciales…”, añade. Con un aviso para navegantes adicional: “El embrollo legal puede ser todavía mayor. Porque mi huerto, al que ahora la CNE suspende la prima por no cumplir el Real Decreto 1003/2010, tiene dos certificaciones. La eléctrica de referencia me dio el boletín del instalador. Y luego, la delegación provincial me dio el acta de puesta en marcha. Habrá que demandar entonces a las consejerías de las comunidades autónomas. No sé cómo la Fiscalía no ha entrado de oficio si hay un fraude tan masivo como dicen”.