Los Albertos piden al Estado 4,6 millones de euros por los "daños morales" del caso Urbanor

Pese a la condena del Tribunal Supremo por el denominado caso Urbanor, posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional al estimar prescritos sus delitos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer reclaman ahora al Estado una indemnización de 4,6 millones de euros por los daños "económicos y morales" que han sufrido durante el proceso. Según informa El Mundo, los empresarios pretenden ahora que el Estado les indemnice invocando perjuicios económicos y morales de un supuesto funcionamiento anormal de la Justicia. Los Albertos presentaron el pasado 25 de junio una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que cuantifica en 2.272.639 euros la indemnización correspondiente a Alcocer y 2.374.285 euros la de Cortina.

Los dos empresarios fueron condenados en 2003 por la Sala Penal del Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de cárcel por haber estafado a los socios minoritarios de Urbanor, propietaria del solar en la madrileña plaza Castilla donde después se construyeron las torres KIO. El Supremo declaró probado que los Albertos engañaron a los constructores San Martín y al grupo valenciano Astor para que vendieran sus participaciones en Urbanor a un precio inferior al pactado con los representantes de KIO en Londres. Dicha diferencia fue destinada a la operación Cartera Central.

Sin embargo, en febrero del pasado año el Constitucional modificó su doctrina sobre la prescripción de delitos y anuló la sentencia del Supremo. El alto tribunal reconoció que los jueces actuaron correctamente al tipificar los hechos de la estafa. No obstante, estimó que el Supremo vulneró el derecho fundamental de los Albertos a una "tutela judicial reforzada" porque cuando se inició el proceso penal el delito ya había prescrito.

En acatamiento del fallo del Constitucional, el Supremo emitió una nueva sentencia el pasado 25 de junio en la que absolvió a Cortina y Alcocer, teniendo que devolver los accionistas minoritarios a los Albertos los 24,6 millones de euros que estos les estafaron. En relación a este dinero están entabladas acciones civiles aún pendientes de resolución judicial definitiva.