En busca y captura una testigo clave de Ramón Calderón en el caso del 'voto por correo'

Fue protagonista indiscutible del Real Madrid a finales de marzo de 2007. Cristina Bermúdez Powell declaró a La Razón que estaba  “amenazada” si declaraba acerca del voto por correo de las elecciones merengues del año anterior. “No voy a decir nada. Antes muerta. Prefiero no tener a mis hijos cerca que no tenerlos”, decía la ex empleada del club blanco (ver artículo). Un año y medio después, desde el juzgado de instrucción número 25, se ha mandado una orden de busca y captura para, según ha podido saber El Confidencial, ratificar la denuncia de “falsificación y conspiración para delinquir”.

Bermúdez estaba imputada por la posible falsificación del voto por correo en las últimas elecciones a la presidencia, las del 2 de julio de 2006. Reconocía haber rellenado, junto a otros dos imputados y por orden de sus superiores, unos 3.000 sobres. Unos días antes de las elecciones, Calderón acusó irregularidades en el sufragio postal y por eso se anuló. Bermúdez fue la principal testigo de la denuncia del actual presidente.

El pasado 6 de diciembre se desveló la resolución del informe policial sobre el recuento de los votos por correo. De haber sido contabilizados los envíos por carta, las pasadas elecciones las hubiera ganado el candidato Juan Palacios (9.605 en total), segundo Ramón Calderón (9.539) y tercero Villar Mir (9.371). La Brigada Provincial de la Policía Judicial realizó un recuento de 10.942 votos por correo (ver noticia).

Cristina Bermúdez fue contratada por el Real Madrid dos meses antes de las elecciones, actuó de secretaria de Carlos Martínez de Albornoz, Director general corporativo del club que presidía Florentino Pérez. Tres meses después, ya con Calderón al mando, fue despedida.

Esta hija de un directivo blanco de la época de Lorenzo Sanz, tras sus polémicas declaraciones, situó su residencia en la sierra madrileña, en Los Molinos. Posteriormente se fue a Suiza y actualmente está en paradero desconocido. Ha sido citada en tres ocasiones por el juzgado madrileño y en ninguna se personó.

El proceso lleva abierto dos años y medio y Juan Palacios, el mayor perjudicado según los datos de la Policía Judicial, señaló unas horas después de conocer su derrota que no impugnarían las elecciones (ver declaraciones).