Mercadona se queda fuera de la investigación del caso Bárcenas

Mercadona figura en los papeles originales que Luis Bárcenas ha entregado en la Audiencia Nacional como uno de los presuntos donantes del PP, pero la firma valenciana está consiguiendo quedarse al margen del caso, una situación que contrasta con la imputación de nueve empresarios de la construcción que también aparecen mencionados en los mismos documentos del extesorero.

Según esas anotaciones, la empresa que preside Juan Roig habría hecho presuntamente dos aportaciones a las cuentas del Partido Popular en 2004 y 2008, justo antes de la celebración de elecciones generales. En concreto, Bárcenas habría anotado una entrega de 90.000 euros de Mercadona el 15 de marzo de 2004 y otra de 150.000 euros en febrero de 2008. El extesorero concretó en su última declaración que, en ambas ocasiones, fue Roig quien se puso en contacto con la cúpula del partido para comunicar que quería hacer una donación. Después, un responsable financiero de su confianza acudió a Génova para entregar ese dinero.  

De confirmarse, ambas donaciones supondrían una vulneración de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Hasta 2007, la cuantía máxima que podía aceptar una formación ascendía a 60.000 euros. A partir de ese año, con la modificación de la ley, el tope de las donaciones privadas se elevó hasta los 100.000 euros. En ambas entregas se habría sobrepasado el máximo fijado por ley en el momento correspondiente.

Mercadona, que ha negado haber realizado pago alguno al PP desde el primer momento en que surgió su nombre, representa una anomalía en los documentos porque es una de las pocas empresas de todas las que aparecen como presuntas donantes que no tiene vinculaciones con el sector de la construcción. Y esa es una de las claves por las que ninguna acusación ha solicitado aún al juez instructor del caso, el magistrado Pablo Ruz, que se impute a su presidente o al menos se le cite a declarar.

Los únicos empresarios que han desfilado ya por el despacho de Ruz son Alfonso García Pozuelo (Construcciones Hispánica), Juan Manuel Villar Mir (OHL), José Luis Sánchez Domínguez (Grupo Sando), Luis del Rivero (Sacyr Vallehermoso), Manuel Contreras Caro (Azvi), Juan Manuel Fernández Rubio (Aldesa), José María Mayor Oreja (FCC) y Antonio Vilella (Construcciones Rubau). Completó la lista Pablo Crespo, número dos de la red Gürtel, que figura como autor de una donación de 21 millones de pesetas.

Persecución del cohecho

Fuentes de la acusación aseguran que con la imputación de las empresas de la construcción intentan que la investigación se centre en la persecución del delito de cohecho. Su objetivo es demostrar que las presuntas donaciones al PP sirvieron para que cargos políticos o funcionarios amañaran concursos y contratos a favor de las firmas que habían financiado a la formación con fondos opacos.

En el caso de las empresas de la construcción, cerrar el círculo del cohecho puede ser tan fácil como demostrar que en las concesiones públicas que lograron se produjeron irregularidades. Bastaría con acudir a la Plataforma de Contratación del Estado para revisar los expedientes y comprobar los pormenores que rodearon a esas adjudicaciones bajo sospecha. Ni siquiera es necesario que los imputados reconozcan los presuntos pagos recogidos por los papeles de Bárcenas, aunque dos de ellos, Vilella y Crespo, ya los admitieron cuando declararon en la Audiencia Nacional.

Siguiendo el mismo razonamiento, las acusaciones consultadas sostienen que probar el cohecho en el caso de Mercadona sería prácticamente imposible porque habría que demostrar que la empresa de distribución obtuvo algún beneficio de sus supuestas aportaciones al Partido Popular. Y los únicos intereses que puede tener la firma presidida por Roig en la Administración es la recalificación de terrenos y la agilización de licencias para la construcción de sus supermercados, una información atomizada en decenas de ayuntamientos de toda España que obligaría además a dirigir el procedimiento en otra dirección. Tampoco sería sencillo probar que en cada uno de esos actos administrativos

Hay otro matiz relevante para las acusaciones. En el caso de las constructoras, las presuntas donaciones al PP habrían dado como resultado la concesión a los benefactores de contratos públicos pagados con fondos del Estado. Pero en el caso de Mercadona, las facilidades que la firma valenciana habría conseguido, de llegar a demostrarse esta circunstancia, no tuvieron por qué implicar un gasto del Estado.

En todo caso, el proceso acaba de arrancar. Bárcenas aseguró en su declaración que las pruebas que ha aportado, nueve carpetas y un lápiz de memoria, sólo son una parte de todas las que tiene en su poder, y que las depositará en la Audiencia Nacional en futuras declaraciones. El proceso aún está en la fase de instrucción. La intención de Ruz era cerrarla antes de este verano pero el giro que el extesorero de los populares ha dado a su estrategia invalida cualquier límite temporal. Hasta que llegue el final, las acusaciones pueden solicitar la declaración y la imputación de quienes consideren relacionados con el caso, a medida que aparezcan nuevos datos. Por ahora, Mercadona está fuera del proceso, pero eso no quiere decir que vaya a estarlo siempre.