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Políticos, empresarios y abogados afrontan la cuenta atrás para la sentencia del caso Malaya
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SE DICTARÁ EN JULIO Y SUPERARÁ LOS 3.000 FOLIOS

Políticos, empresarios y abogados afrontan la cuenta atrás para la sentencia del caso Malaya

Políticos, empresarios y abogados sudan ya la gota fría, aguardando inquietos la esperada sentencia del macrojuicio del caso Malaya que se dará a conocer en julio.

Foto: Políticos, empresarios y abogados afrontan la cuenta atrás para la sentencia del caso Malaya
Políticos, empresarios y abogados afrontan la cuenta atrás para la sentencia del caso Malaya

Políticos, empresarios y abogados sudan ya la gota fría, aguardando inquietos la esperada sentencia del macrojuicio del caso Malaya que se dará a conocer en julio. La cuenta atrás no esta siendo fácil para los 95 imputados, que quieren que todo acabe. “Ahora estamos atados de pies y manos en todos los asuntos de nuestras vidas”, precisa uno de los exediles del Ayuntamiento marbellí imputado.

Según ha sabido El Confidencial la sentencia superará los tres mil folios y se les dará una copia digital a las partes personadas en el procedimiento. Los abogados ya están preparados para el examen exhaustivo de esta documentación que será básico para los recursos que llevarán en septiembre al Tribunal Supremo.

Uno de estos letrados que espera la sentencia para estudiársela es Javier Muriel, defensor de Emilio Jorrín Gestal -el sucesor de Julián Muñoz como alcalde- y del exconcejal prófugo Javier Lendínez. El abogado, al entrar la sentencia en su recta final, se pregunta “¿cuántas Malayas existen y no son investigadas porque su implicación política y financiera haría tambalearse los cimientos de este país?”.  

Muriel insiste en que ha faltado mucha gente en el banquillo: “Ha habido demasiados huecos. No se sentaron todos lo que son. De ser cierta la teoría del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, el juicio debería haberse celebrado en La Rosaleda. La Operación Malaya es impensable sin la aquiescencia de la Junta de Andalucía y el propio Gobierno central”.

‘Malayos’ de por vida

La Sala estudia el caso desde que quedó visto para sentencia, hace un año, el pasado julio de 2012. Entonces, el presidente del tribunal, José Godino, aseguró que se dictaría un fallo “justo, sin necesidad de ningún otro calificativo”, y con absoluta “independencia e imparcialidad”. Las defensas están convencidas de que así será. “Confío plenamente en la independencia del tribunal, sé que no se va a dejar influir por terceros. Ha habido juicios paralelos, convergentes y por tanto destructivos a nivel personal. Tristemente el que se ha sentado en ese banquillo será un malayo toda su vida, aunque le absuelvan”, dice Muriel. 

Cientos de páginas de hechos probados y otros tantos de fundamentos jurídicos donde el Tribunal -Godino, Rafael Linares y Manuel Caballero Bonald- tendrá que hilar muy fino, porque los delitos por los que se acusa a los 95 imputados, en muchos casos necesitan de mucho estudio.

Respeto al debate sobre si procede un jurado popular, el letrado es muy preciso: “Malaya es la piedra filosofal del blanqueo, del cohecho... Delitos muy técnicos que serían imposibles de traducir a un lenguaje entendible por un lego. Estoy en contra del jurado popular, y en este caso más”.

Roca no saldrá de prisión

Uno de los procesados que está expectante es el presunto cerebro de la trama Juan Antonio Roca, que ya ha cumplido las tres cuartas partes de su condena por el caso Saqueo. La fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Roca por Malaya. Sus juristas han vuelto a pedir un permiso penitenciario que, de nuevo, ha sido denegado.  

El juez de Vigilancia Penitenciaria adscrito a la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por el interno contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento donde se le denegaba el permiso ordinario. Precisamente una de las cuestiones en las que se basa la denegación del permiso es la existencia de causas pendientes, algunas de ellas a falta de sentencia como el caso Malaya y el  Saqueo II. El juez entiende que hay que esperar "a que se aclare su situación penal en atención especialmente a las causas que están pendientes de resolución”.

La Fiscalía Anticorrupción siempre se ha opuesto a la concesión del permiso por la alarma social, por el tipo de delitos y su trascendencia pública. Seguramente, cuando este mes se conozca la sentencia, el permiso de Roca vuelva a alejarse mucho, mucho tiempo.

Políticos, empresarios y abogados sudan ya la gota fría, aguardando inquietos la esperada sentencia del macrojuicio del caso Malaya que se dará a conocer en julio. La cuenta atrás no esta siendo fácil para los 95 imputados, que quieren que todo acabe. “Ahora estamos atados de pies y manos en todos los asuntos de nuestras vidas”, precisa uno de los exediles del Ayuntamiento marbellí imputado.