Carrera entre las CCAA por acogerse al Fondo: necesitan ya los 18.000 millones

El Gobierno da por hecho que en las próximas semanas la mayoría de los ejecutivos regionales pedirá la ayuda del Fondo de Liquidez Autonómico como han confirmado ya desde Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia. Es lo previsto desde el 20 julio, día en que se aprobó el mecanismo y la dotación correspondiente de 18.000 millones de euros; cuando sólo Alberto Fabra aceptó que le venía bien. Después del rechazo público inicial, durante las vacaciones varios consejeros se interesaron por las ayudas. El Ministerio de Hacienda sabía que el conjunto de las autonomías tenía que hacer frente vencimientos de deuda por valor de 15.838 millones en lo que quedaba de año y casi ningún gobierno regional estaba en condiciones de hacerlo por su cuenta.

La cifra de fondos fijada por Hacienda para crear esa nueva línea de crédito para los ejecutivos autonómicos a través del ICO, y esta vez condicionada a tutela desde la Administración central y recortes severos de gasto, no era aleatoria. Se basaba en los 6.000 millones que debe aportar Loterías y Apuestas del Estado, más lo que podía ‘rascar’ del propio ICO y otras fuentes de financiación hasta sumar los citados 18.000 millones, una cantidad que superaba en 2.000 o 3.000 los vencimientos que las autonomías no podrían afrontar. “La cantidad que no tienen más remedio que abonar y refinanciar y con cierto colchón para posibles sorpresas”, según fuentes gubernamentales.

Después de que el plan de proveedores les obligara a mostrar las vergüenzas de su deuda acumulada, las cuentas de las autonomías, tras casi dos décadas de opacidad, tienen pocos secretos para el Ejecutivo. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero permitieron el endeudamiento de las Autonomías sin poner pegas, incluso una vez que se desató la crisis económica y casis hasta los últimos meses de su mandato.

Para todo el ejercicio de 2012 acumulaban vencimientos de deuda por valor de 35.782 millones de euros, según los datos de los planes de equilibrio financiero que tuvieron que presentar los gobiernos regionales en el Consejo de Política Fiscal. Sólo en el último cuatrimestre del año tienen que responder de un endeudamiento de 12.364 millones. Cada autonomía tuvo que retratarse: era público que la Generalitat catalana, la valenciana y los ejecutivos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Baleares tenían un problema mayor para hacer frente a los vencimientos. Solo Galicia o comunidades pequeñas como Asturias parece que pueden permitirse la autonomía en materia de deuda.

Un verano de políticas de imagen

La mayoría de los ejecutivos regionales han jugado desde julio con las políticas de imagen para prepararse antes de solicitar un ‘rescate’ que prefieren llamar ayuda financiera o línea de crédito, además de obviar que supone poner sus cuentas bajo la tutela de Hacienda, a lo que se suma acometer planes adicionales de recorte a cambio de que las inyecciones de liquidez les permitan pagar las nóminas de sus respectivas administraciones. Empezaron por sostener públicamente que no iban a necesitar apuntarse al plan, mientras iban adelantando a Hacienda que les podía interesar e incluso anunciaban cuánto dinero podrían requerir. Ahora, al dar Artur Mas el primer paso, se van descubriendo. “Al final se apuntarán casi todas, también Andalucía”, señalan en fuentes gubernamentales, además de descartar que se vayan a relajar los requisitos.

De ahí la tranquilidad con que Rajoy comentó ayer las noticias sobre el rescate de autonomías a cargo del Fondo de Liquidez. El presidente del Gobierno dijo que ya sabe lo que van a hacer los gobiernos regionales e incluso cuánto pueden pedir. “Parece que hay novedades y no”, dijo antes de asegurar que bastará con los 18.000 millones previstos para hacer frente al problema.

Hacienda lleva meses apoyando a las autonomías a través del ICO para que puedan pagar a proveedores y nóminas de funcionarios. La Generalitat ha recibido 5.000 millones de euros desde enero. La novedad es que el Gobierno considera que siguen sin acometer recortes de calado en sectores donde tienen mucho margen (sector público autonómico, por ejemplo) y exigirá ahora que se lo tomen en serio. Si mantienen el mismo aparato político, burocrático y de medios y no renuncian a los organismos, fundaciones y empresas destinadas a la intervención en la economía el problema del déficit se mantendrá igual en cuanto reciban y se gasten el dinero del ICO, según sostienen en medios gubernamentales.