La resolución de Ollero sobre el aborto, contraria a Estrasburgo

¿Puede el juez Ollero, de marcadas convicciones religiosas, deliberar con justicia sobre el aborto? La jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional avalan al magistrado de este último órgano judicial, Andrés Ollero, para que redacte la ponencia y delibere sobre la reforma de la Ley del Aborto aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a pesar de su conocida postura en contra de la interrupción del embarazo y su pertenencia al Opus Dei. 

Sin embargo, no es tan clara la oportunidad de que participe en el estudio del recurso interpuesto por el PP contra la norma según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y según algunos juristas españoles. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial explican que aunque Ollero esté respaldado por el alto tribunal y por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al no ser la ideología ni religión un motivo de abstención, su postura radicalmente contraria al objeto de estudio debería ser suficiente para que el magistrado actuara con la adecuada ética para retirarse del asunto. Estas mismas fuentes señalan que en el caso de una oposición rotunda a un tema, como la de Ollero frente al aborto, lo ideal sería su retirada voluntaria para evitar que quede comprometida su apariencia de imparcialidad, tal y como exige Estrasburgo.

En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, nuestra jurisprudencia y concretamente el artículo 219 de la LOPJ sólo contempla su abstención si "han participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo", en este caso sobre la reforma de la Ley del Aborto aprobada en 2009 con Bibiana Aído como ministra de Igualdad -que establece el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto-, algo que a día de hoy no ha ocurrido. Ollero ya ha salido a la palestra en un medio de comunicación defendiendo su imparcialidad en un asunto que heredó de su antecesora en el cargo, la magistrada Elisa Pérez Vera. 

Un claro ejemplo es el de otro miembro del TC, Pablo Pérez Tremps, que sí fue recusado al participar directamente en el objeto de estudio, el recurso interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Antes de formar parte del tribunal, como jurista había realizado para la Generalitat un informe sobre la constitucionalidad de la norma autonómica. 

Cierto es que los magistrados del Tribunal Constitucional no tienen porqué ser miembros de la carrera judicial. Ollero es catedrático de filosofía del derecho. Los miembros del órgano defensor de la Carta Magna son elegidos por su preparación académica, por su prestigio y por su bagaje de conocimientos.

Aun así, y teniendo en cuenta las peculiaridades de estos cargos, varios juristas puntualizan que a pesar de que la ideología de un magistrado del TC no es motivo de abstención, no se puede olvidar que una postura personal radical sobre un asunto podría llegar a vulnerar un proceso con todas las garantías del artículo 24.2 que establece la Constitución.

El TEDH recoge en su jurisprudencia que la significación ideológica del llamado a juzgar puede comprometer su apariencia de imparcialidad, lo que conlleva que dicho miembro de la Justicia deba abstenerse o que pueda ser recusado con éxito. Por esa razón, Estrasburgo exige a los Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos que comprueben la debida neutralidad ideológica de sus jueces y, en caso contrario, estaría violando el artículo 6.1 del Convenio, sobre el derecho a un tribunal independiente e imparcial.

La conclusión de los juristas es que, sobre todo en asuntos con tintes políticos, un tribunal no sólo debe ser imparcial sino que debe ofrecer la apariencia de ofrecer todas las garantias necesarias para un proceso justo. Se trata, por tanto, de no mostrar ninguna sospecha sobre la imparcialidad en el caso, ni siquiera desde el punto de vista de las apariencias.