Peligra el empleo de seis de cada diez trabajadores municipales

El plan de racionalización del sector público en el que el Gobierno está trabajando no se limitará a volver a recortar los sueldos de los funcionarios. La presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, admitió que será  necesario reducir “a la fuerza” las plantillas del sector público. Según el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, las administraciones dan trabajo a más de 3,1 millones de empleados, fijos y eventuales. Los funcionarios puros y duros, los únicos que están blindados ante un posible ERE público, suman 2,1 millones. El 30% restante, un millón de trabajadores, es personal laboral, que puede ser despedido en cualquier momento. Para mantener todos esos puestos de trabajo, el Gobierno necesita cada año 123.000 millones de euros.

Y los que peor lo tienen son los que trabajan para los ayuntamientos. Según las estadísticas de personal que maneja el Gobierno, uno de cada cinco trabajadores públicos está al servicio de la administración local (casi 647.000 personas en los 8.116 ayuntamientos de España). Y de ellas el 60% (384.273 personas) está totalmente desprotegido ante cualquier despido colectivo que planteen los consistorios para ajustar sus gastos. Hasta el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo lleva avisando desde hace meses: “Las administraciones públicas no son oficinas de contratación. Los funcionarios tienen que ganarse el puesto de trabajo, como todos los españoles”.

El 80% del personal que trabaja para la Administración Central del estado puede respirar tranquilo. De las 592.531 personas con un contrato firmado con la Administración General del Estado, solo 124.116 tienen en el aire su empleo. El desasosiego es todavía menor entre el personal que trabaja para las diecisiete comunidades autónomas, donde menos de 150.000 de sus 912.893 asalariados no cuentan con un blindaje en su contrato.

Los empleos públicos que tendrán que desaparecer “inexcusablemente” según el secretario de Hacienda, Antonio Beteta no son los funcionarios de carrera, “sino empleos públicos, normalmente los que están en la periferia,  hijos que han crecido al amparo de la bonanza. Sus empleados no son funcionarios pero son empleados públicos también, y no queda otro remedio”.

Seiscientas empresas públicas en tres años

Hasta ahora, cuando Elvira Rodríguez ha dicho que era insostenible un sector público descomunal que ha crecido en 440.000 empleos en los diez últimos años, la empresa pública había vivido de espaldas a la recesión. De hecho, entre 2007 y 2010, las comunidades autónomas crearon 600 empresas públicas, generando un “importante crecimiento” del tamaño del sector público empresarial, que ha llegado a contar con 2.292 entidades dependientes de las administraciones regionales a mediados del pasado año, con sus correspondientes plantillas de personal que costean las arcas del Estado.

Un informe elaborado por el Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), ente que asesora al Gobierno en materia de privatizaciones de empresas públicas, señala que la mitad de estas compañías dependientes de las CCAA son consorcios y fundaciones; el 29%,  sociedades mercantiles y el resto, entes públicos u organismos autónomos. Todas ellas, también en el punto de mira de la reconversión ‘a la baja’ de la Administración. Aunque todavía no han trascendido detalles, el Gobierno diseña en estos momentos un plan de racionalización del gasto que, previsiblemente, se aprobará a finales de julio, para equilibrar la proporción entre contribuyentes netos y empleados públicos, además de entre jubilados (más parados) y población activa.