El Gobierno elude responder en el Congreso sobre los gastos de los viajes oficiales

La información de cómo se gasta el dinero público resulta un tabú para la clase política española, que no siempre hace gala de ésa misma contención a la hora de hacer uso de los presupuestos de todos. La controversia que ha desatado la utilización de un avión del Ejército por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, para acudir a actos de campaña, ha vuelto a evidenciar el oscurantismo que preside el control de las cuentas públicas.

Más allá de que esté justificado o no el uso del Falcon por motivos de seguridad, en España resulta prácticamente imposible averiguar cuánto cuesta al erario público un viaje oficial del Ejecutivo o los ingresos totales de un portavoz parlamentario. De hecho, los servicios de prensa de Moncloa nunca informan del gasto que supone un desplazamiento o un acto del presidente, y ni siquiera parecen conocer la vía para acceder a ese tipo de información.

Los grupos de la oposición tratan de obtener respuesta en el Congreso de los Diputados, mediante preguntas al Ejecutivo con repuesta escrita. No obstante, las contestaciones del Gobierno suelen ser tardías e imprecisas. “En cuanto al coste del viaje, se podrá informar una vez se disponga de la totalidad de los cargos correspondientes” es una de las fórmula que utiliza el Gobierno. O bien, “el coste de los viajes fue el imprescindible para llevar a cabo el programa previsto, con cargo a las dotaciones existentes para ese fin en la Ley de Presupuestos Generales del Estado”. Es decir, obviedades para cumplir con la obligación de responder a las cuestiones de la oposición.

De este modo, cuestiones sobre el coste de los viajes de la ex ministra Magdalena Álvarez a Vietnam y a Siberia; de la nutrida comitiva que se desplazó a la Cumbre de la Alianza de Civilizaciones en Turquía; o de las giras de María Teresa Fernández de la Vega a Iberoamérica, quedan, en la práctica, sin respuesta, incluso cuando pudieran estar justificados desde el punto de vista político.  

El bloqueo informativo típico del sistema español contrasta con el escándalo que sacude el Reino Unido, donde se han dado a conocer los gastos privados que los diputados británicos cargaban a las arcas del Parlamento. En España, los ciudadanos no tienen acceso a los ingresos de sus representantes en el Congreso y en el Senado, ni a las retribuciones que los partidos políticos dan a sus cargos orgánicos, pese a que el dinero provenga de los presupuestos públicos. Tampoco es pública todavía la relación de actividades privadas que los diputados conjugan con su labor en el Congreso.

Miedo a la información

El temor a hablar del uso de las cuentas públicas se multiplica en tiempos de crisis económica y, especialmente, de elecciones. El PP se sirvió de las informaciones sobre los gastos de Emilio Pérez Touriño como presidente de la Xunta de Galicia para movilizar a su electorado y desalojar al bipartito. Una estrategia que recuerda a la insistencia con que Mariano Rajoy y otros dirigentes populares se refieren a los vuelos de Zapatero a bordo del Falcon.

Los escándalos por el despilfarro de recursos públicos, especialmente en coches de lujo, también salpicaron recientemente al presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach (ERC), y a otros políticos como la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez; o el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Y es que, ante la falta de información puntual sobre el uso del dinero público, son los escándalos los que acaban por trascender.