Batalla entre la troika y las entidades españolas por la creación del 'banco malo'

El martes pasado se celebró una reunión de todos los actores implicados en el 'banco malo' en la sede del Ministerio de Economía en Cuzco, en la que se desataron unas fuertes tensiones entre los representantes de la troika (BCE, Comisión Europea y FMI) y la banca española. Los principales motivos de fricción son el precio de transferencia de los activos, que la banca sana quiere que sea lo más alto posible para no tener que rebajar en exceso sus propios inmuebles a la hora de venderlos, y quién se encargará de vender dichos activos, puesto que la troika se opone a que sean las mismas cajas de ahorros insolventes que los transferirán.

Esta pelea es la que está retrasando la definición de las características del 'banco malo', que según el Memorándum de Entendimiento (MoU) tendrían que haber estado listas en septiembre. Es decir, España está incumpliendo los plazos marcados por Bruselas. Ahora bien, "hay flexibilidad en los plazos porque lo que se quiere es que se haga bien, no deprisa; la UE está tolerando el retraso con tal de que el 'banco malo' tenga el mejor diseño posible para que funcione y cumpla los objetivos de sanear a la banca y reactivar el mercado inmobiliario", según una fuente conocedora de las negociaciones. 

El precio de transferencia de los activos tóxicos es el gran caballo de batalla del 'banco malo', la característica que determinará el éxito o el fracaso del proyecto. Los bancos sanos españoles quieren que ese precio no sea demasiado bajo, puesto que eso les obligaría a rebajar los precios de sus inmuebles en la misma medida para ser competitivos y poder venderlos, lo que les forzaría a asumir nuevas pérdidas en forma de provisiones. Por el contrario, tanto las autoridades españolas como la troika quieren que ese precio sea el más bajo posible, para incrementar la rentabilidad potencial del vehículo y, en consecuencia, el atractivo para los inversores privados. Eso supone un descuento adicional sobre la rebaja impuesta por los dos Reales Decretos del ministro Luis de Guindos (el ministro dijo que la transferencia de activos generaría nuevas necesidades de capital a las entidades). Con ese mismo objetivo se ha reducido a la mínima expresión (el 10%) el capital del vehículo, que estará muy apalancado para incrementar la rentabilidad potencial y reducir las aportaciones de los inversores.

Pero los inversores privados se muestran muy reticentes a entrar en el proyecto por las múltiples incertidumbres que lo rodean, ante lo cual el Gobierno no tiene más remedio que echar mano de los propios bancos sanos españoles (inicialmente Santander, BBVA y La Caixa, pero posteriormente se sumarán los demás) para que se hagan con más del 50% del capital. Se trata de un requisito indispensable para que la deuda del 'banco malo' no compute como deuda pública, conditio sine qua non impuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

La banca, en posición de fuerza

Y eso proporciona un arma muy importante a estas entidades: "Si necesitas que yo te compre el capital del 'banco malo', tendrás que poner los precios en los niveles que yo considero adecuados, o si no que sea un vehículo 100% público", vendría a ser el argumento de los bancos. De hecho, alguno (Jaume Guardiola, consejero delegado del Sabadell) ya ha abogado por la solución totalmente pública, como en Irlanda. Ahí es donde se está librando la batalla en estos momentos, en la que intentan mediar los encargados de diseñar el vehículo: Álvarez & Marsal, PwC, Nomura y Cuatrecasas.

Batalla también con las entidades nacionalizadas     

La troika no sólo se ha enfrentado a las grandes entidades del país, sino también a las que peor se encuentran, las nacionalizadas que son las que tienen que traspasar sus activos tóxicos al 'banco malo'. Éstas quieren seguir gestionando dichos activos una vez que pasen a este vehículo con el argumento de que son quienes mejor los conocen, de forma que seguirían manteniendo el control sobre los mismos. Las troika, en cambio, considera que quienes han generado ese desastre que les ha llevado a la insolvencia no deben ser quienes busquen la solución y es partidaria de subcontratar esa comercialización de los activos a profesionales inmobiliarios independientes.

La solución salomónica propuesta por Álvarez & Marsal y el resto de los diseñadores es que las cajas se encarguen de esa gestión durante un plazo máximo de un año para que dé tiempo a contratar a los responsables definitivos de esta tarea. Ahora bien, las fuentes consultadas aseguran que esta solución tampoco convence a la troika. Ante lo cual, la batalla continúa, pero el tiempo cada vez apremia más. De momento, hoy termina el plazo para que las entidades que suspendieron los test de estrés presenten sus planes de recapitalización.