Zapatero o cómo morir (in)dignamente

Cada vez que una persona agoniza en vida por una enfermedad que la consume, o cuando, como el caso de la italiana Eluana, en coma desde hacía años y sin posibilidad alguna de volver a la vida, un padre decide que su hija o hijo sea desconectado de los aparatos que lo obligan a respirar, salta en este país nuestro el siempre aplazado debate social y político acerca de la eutanasia.

Estos días los opinadores radiofónicos no paran de dar caña al tema y la Iglesia se hace cruces. Pero al margen de todo esto, la realidad es que el Gobierno de Zapatero recula. Y lo hace porque lo que le gustaría sería decir "sí" a la eutanasia, y tal y como están las cosas hoy habrá pensado el presidente que mejor es no tocarlo.

Se equivoca. No se trata de que su Ejecutivo haga campaña por el "sí". Lo que ha de hacer un presidente no es imponer sino repartir juego y que el pueblo decida. Porque en España hay una realidad que se vive a diario en los hospitales y en muchísimas familias que sufren desconcertadas, angustiadas, presas de una decisión que demasiadas veces ni siquiera saben cómo afrontar.

Datos hay, y muchos, para la reflexión, y que conviene conocer. Por ejemplo, más de 60.000 españoles, según consta en los archivos de las distintas comunidades autónomas, ya han registrado el modo en que desean morir mediante el denominado ‘testamento vital’, un documento donde predominan la petición de cuidados paliativos, el rechazo del esfuerzo terapéutico y la donación de órganos.

En la Comunidad Valenciana se han inscrito 6.815 personas desde que el registro entró en funcionamiento en 2005, mientras que alrededor de 4.381 lo han hecho en el País Vasco desde 2004. En la región de Madrid han registrado sus instrucciones previas 3.332 ciudadanos, 2.149 mujeres y 1.183 hombres.

El ‘testamento vital’ es un documento dirigido al médico, en el cual una persona expresa las instrucciones a tener en cuenta cuando se encuentre en una situación en que su estado de salud no le permita expresar personalmente su voluntad. El caso de Eluana Englaro, la mujer italiana que murió tras pasar 17 de sus 38 años en estado vegetativo, al retirársele la alimentación, ha reabierto el debate sobre el derecho a morir.

La eutanasia no está regulada en las leyes españolas, que sí han establecido en los últimos años la posibilidad de que los pacientes expresen su rechazo a determinadas terapias para prolongar su vida a través de las ‘voluntades anticipadas’. El más utilizado es el archivo catalán, creado en 2002 y con 23.390 documentos de voluntades anticipadas, seguido del Andaluz, donde 14.219 personas han formalizado su testamento vital entre mayo de 2004 y diciembre de 2008.

En Castilla-La Mancha hay inscritas 1.348 voluntades anticipadas a 31 de diciembre de 2008, en un documento que empezó a funcionar en septiembre de 2006. En Aragón hay, a fecha de 17 de noviembre de 2008, 2.803 declaraciones activas que suponen el 2,51 por ciento sobre la población de 18 años o más y, de éstas, 1.056 son hombres y 1.747 mujeres. En la región de Murcia se han realizado 1.303 testamentos vitales desde 2006 (535 corresponden a hombres y 768 a mujeres). En Navarra se han presentado 748 testamentos vitales, desde el año 2002, y en Cantabria hay 680 personas inscritas, de las que alrededor del 65 por ciento son mujeres... Y en Extremadura, 37 personas (19 hombre y 18 mujeres) han entregado su testamento vital para que no se alargue innecesariamente su vida en caso de enfermedad terminal.

¿Por qué, entonces, tanto miedo a abrir un debate desde el propio Gobierno? ¿Creerán algunos que si las cosas salen como ellos no quieren los médicos no darían abasto a atender peticiones de gente que quiere morir (dignamente)? La radiografía de la situación a día de hoy parece clara. Y no hay que olvidar que ZP prometió hincarle el diente al asunto y legislar con el debido consenso que el caso requiere.