LA JUSTICIA PIDE A DOMINGO DELGADO QUE RESPONDA DE LA DEUDA CON SU PATRIMONIO

De agente del 'Grupo 7' a alcalde de ayuntamiento en bancarrota

Domingo Delgado era policía, como su hermano, como su sobrino. Trabajó hasta el año 2000 en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla, en el grupo

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De agente del 'Grupo 7' a alcalde de ayuntamiento en bancarrota
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    Domingo Delgado era policía, como su hermano, como su sobrino. Trabajó hasta el año 2000 en la Brigada de Seguridad Ciudadana de Sevilla, en el grupo X que se encargó de limpiar la ciudad de yonquis y camellos antes de la inauguración de la Expo. El cara de niño a quien Mario Casas daba vida ficcionada en Grupo 7, la película de Alberto Rodríguez. Delgado está retirado tras un disparo que le causó lesiones en el oído. Su pensión, dice, no es mala. Su mujer es ATS y sus dos hijos, estudiantes. Hoy es alcalde de Burguillos (Sevilla), un pueblo ya incapaz de hacer frente a la bancarrota. Y la Justicia le ha advertido. Si no paga las deudas municipales, deberá responder con su patrimonio. 

    ¿Hasta dónde puede llegar la asfixia de un municipio por su deuda? Miles de ayuntamientos tienen una deuda inasumible tras años de despilfarro urbanístico. En algunos casos la situación es extrema y aunque la justicia dicte que se pague la deuda, como es el caso de Burguillos, en Sevilla, el alcalde no sabe cómo hacerlo. Entonces llega el aviso del juzgado: si desobedece la ley, debe responder con su patrimonio. “Llegados a ese punto, el pueblo hará crash”, dice el antes policía hoy alcalde del pueblo. Pero las administraciones públicas no pueden declararse en quiebra. 

    Burguillos es una tranquila localidad de la Sierra Norte de Sevilla. Tiene 6.511 habitantes y una deuda de algo más de 70 millones. El policía antidroga se metió en política en 2005, porque le “dolía lo que estaba viendo en el pueblo, la mala gestión” y lleva a un año al frente del consistorio. En ese tiempo, ha llegado al punto de la desesperación, así que ha lanzado una bengala al aire pidiendo auxilio: "No hay forma de que devolvamos todo el dinero que debemos más los intereses que se le aplican". La semana que viene se reunirá con representantes del Ministerio de Hacienda y de las autoridades provincial (Sevilla) y autonómica (Andalucía) para buscar una solución. Valderas (León) también ha pedido ayuda, aunque su deuda es menor: es un pueblo de poco más de 2.000 habitantes que debe cuatro millones de euros.

    Delgado cuenta que desde que llegó a la alcaldía ha conseguido equilibrar gastos e ingresos, pero que de ninguna forma van a conseguir esos 70 millones. Pide, entre otras cosas, que la Diputación no le reclame unas subvenciones que concedió a la anterior alcaldesa, Mariana Pérez. También sugiere que le concedan una moratoria en algunas de las deudas, “para pagar poco a poco y sin los intereses”. Y que el Gobierno les adelante dinero para pagar parte de la deuda a unos acreedores a los que ha planteado una quita en torno al 60%.

    Embargo al alcalde

    El alcalde de Burguillos no sabe qué respuesta le darán. Pero afirma que, si llega el momento de responder con sus bienes, se irá del Ayuntamiento. “Lo que no puedo hacer es poner en peligro la casa de mi familia, nuestros bienes”. Y añade: “Y si me voy porque me van a embargar, ¿quién va a querer ser alcalde? Nadie. Tendrían que disolver el Ayuntamiento”. Pero no sabe qué pasaría entonces, no hay precedentes y nadie le ha dado todavía una respuesta firme sobre este asunto.

    El antiguo miembro del grupo X afirma que no cobra sueldo del Ayuntamiento, aunque el grupo socialista lo niega. Él explica: “Cobro solo por la junta de gobierno. Hasta los viajes que hago los pago yo”. 

    Delgado lanzó su llamada de auxilio cuando le han reclamaron judicialmente las deudas. Hay varias sentencias firmes por diferentes cuantías. Como no sabe de dónde sacar el dinero, aunque los requerimientos judiciales son de hace un año, no ha pagado nada. Ahora le avisan: si en un mes no ejecuta las sentencias será sancionado por desobediencia grave. El segundo paso será proceder al embargo de sus bienes personales por no dar curso a la sentencia.

    Existe jurisprudencia por un caso similar: en 2010 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) determinó que si el ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla) no pagaba a la constructora Aroa más de medio millón, al alcalde y al secretario de la corporación municipal se les impondrían “multas coercitivas con periodicidad semanal hasta la completa ejecución” de la deuda. Si no pagan, se les embargarán las cuentas. Aroa es también uno de los acreedores de Burguillos. El TSJA dictaminó entonces que “es al ayuntamiento demandado al único que incumbe la tarea de buscar soluciones para cumplir las obligaciones”. El alcalde, Carmelo Ceba, ha conseguido recaudar fondos para satisfacer parte de esa deuda.

    Se encomiendan a Hacienda

    Domingo Delgado explica que confía en que encuentren una solución y que Hacienda les ayude. Si no, no está claro qué sucedería. Las administraciones públicas no pueden declararse en quiebra, como las empresas. A los ayuntamientos no se les pueden embargar los bienes de uso público, como una calle, un parque o el edificio en el que se realizan las tareas de gestión. Sí se les pueden embargar los que no estén destinados al servicio del municipio. 

    Aunque Delgado todavía no tiene la respuesta, cree que entonces el Estado debería disolver el Ayuntamiento. Aunque el único precedente de este tipo es el de Marbella: el Gobierno ordenó en 2006 la disolución por las “gravísimas imputaciones judiciales” que pesaban sobre los miembros del consistorio, imputados en una trama de corrupción urbanística. Se estableció una comisión gestora.

    En el caso de una quiebra que no se puede declarar, “no sabemos si se procedería así”, comenta Delgado, que señala que eso también sería costoso. Y, mientras esperan a conocer la solución, los trabajadores del Ayuntamiento se muestran  “lógicamente preocupados”, aunque prefieren no especular. Y en el pueblo se vive la situación con indignación. No sabían, explican, que las cuentas estaban así de mal.

    El caso de Burguillos es un ejemplo, uno de los miles de pueblos que hay en España, desde León a Cataluña, donde los alcaldes llevan más de dos años advirtiendo que están al borde de la quiebra técnica. Los datos del Banco de España sobre la deuda de las Administraciones Públicas –de diciembre de 2012- indican que la deuda total de los ayuntamientos es de 35.262 millones de euros. Las diputaciones acumulan recibos por 6.329 millones y las ciudades autónomas deben 374 millones de euros. 

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