Empresas españolas en el ojo de la Helms-Burton
Algunas empresas españolas, la mayoría del sector turístico, están en el ojo de los descendientes de las antiguas familias propietarias cubanas, que esgrimen la controvertida Ley Helms-Burton para
En junio, varias familias cubanoamericanas presentaron cuatro demandas colectivas contra hoteleras y agencias de reservas presentes en Cuba. Entre las confrontadas se cuentan Iberostar y Barceló.
Aunque de propiedad estatal (se subordinan a la Corporación de la Aviación Cubana, Sociedad Anónima), empresas como Iberia pueden encontrarse en una situación comprometida debido a los vínculos mantienen con ambas instituciones. En 1958, la terminal aérea formaba parte del patrimonio de José López Vilaboy, un empresario periodístico muy vinculado al entonces dictador Fulgencio Batista. Precisamente era Batista el principal tenedor de acciones de Cubana de Aviación, condición que disimulaba a través de un complejo entramado empresarial en el que López Vilaboy le servía de testaferro.
En su amplia mayoría ocupan antiguas instituciones hoteleras, nacionalizadas a comienzos de la década de 1960. En mayo uno de ellos, el Meliá San Carlos, de la central ciudad de Cienfuegos, fue incluido en una demanda presentada ante las cortes federales de Florida por la familia Mata, descendiente de un acaudalado comerciante que lo había fundado en 1924.
El actual hotel abrió sus puertas en enero del 2018, luego de una reconstrucción capital dirigida por la cadena Gran Caribe (perteneciente al GAE), su titular. Meliá Internacional lo opera al amparo de un contrato de administración.
En islas como los cayos Coco y Guillermo, de la central provincia de Ciego de Ávila, ambas compañías tienen una presencia dominante; algunos de sus resorts (Memories Flamenco, Memories Caribe y Barceló Solymar) son mencionados de manera explícita en el texto llevado ante los tribunales.
Uno de los dos hoteles con categoría 5 estrellas plus existente en Cuba. Incluso antes de abrir sus puertas, en noviembre del 2018, ya había sido incluido por el Departamento de Estado en la lista de "entidades restringidas’.
El edificio original, donde funcionó un hotel con el mismo nombre, sesenta años atrás pertenecía a Ulloa y Compañía, una empresa familiar dedicada además a la importación y representación de automotores europeos. Propiedad de la corporación Gaviota, integrante del Grupo de Administración Empresarial (GAE), el holding de empresas subordinado a las fuerzas armadas cubanas.
Esta urbanización, valorada en más de 800 millones de euros, comenzará a levantarse en el primer trimestre del año próximo al oeste de La Habana, en las inmediaciones de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM). Contempla tres hoteles, un centro de convenciones, varios terrenos y un campo de golf. El 51% de la inversión será sufragada por el Estado cubano, y el resto, por la cadena Globalia. Ocuparía terrenos que antes de 1959 pertenecían al hacendado Demetrio Castillo Pokorny, principal propietario de la Compañía Azucarera Habana. En junio, Radio Televisión Martí listó este activo entre las diez demandas más importantes al amparo de la Helms-Burton.
Algunas empresas españolas, la mayoría del sector turístico, están en el ojo de los descendientes de las antiguas familias propietarias cubanas, que esgrimen la controvertida Ley Helms-Burton para justificar una indemnización de las compañías que se estarían beneficiando de las propiedades que les fueron expropiadas.
Diversas entidades españolas mantienen relaciones con homólogas cubanas que pueden ser demandas –o ya lo han sido– al amparo de la Helms-Burton. Estos son solo algunos de los casos más significativos.
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