Madrid, 12 mar (EFE).- Más de 40 centros y unidades de investigación españoles han pedido hoy que se considere la investigación como actividad económica y de interés general, cuyas subvenciones no deben repercutir IVA, asunto que, según la secretaria de Estado de I+D+i, está "razonablemente orientado".

En las subvenciones que los centros reciben a través del plan nacional de investigación ya no se exige la repercusión del IVA, según la secretaria de Estado, Carmen Vela, y ahora lo que se reclama es que no se cuestione la deducibilidad del 100% del IVA soportado, vinculado a la compra de bienes y servicios para la investigación -por ejemplo, material de laboratorio-.

Para solucionarlo hay un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, desde donde hay "una enorme sensibilidad y no solo buenas palabras", según Vela.

Los centros que han hecho esta solicitud son los acreditados con el sello de excelencia 'Severo Ochoa' -un total de 25- y las 16 unidades de investigación con la distinción 'María de Maeztu', que han presentado oficialmente hoy en la sede del Ministerio de Economía la alianza SOMMa (Alianza de Centros Severo Ochoa y Unidades María de Maeztu).

Representados por Luis Serrano, director de esta alianza y del Centro de Regulación Genómica de Barcelona (CRG), estos agradecen el esfuerzo de la Secretaría de Estado de I+D+i por mantener, pese a la crisis, el programa de excelencia Severo Ochoa y María de Maeztu, que ha contribuido a que los distinguidos puedan competir y llegar "muy alto", pero existe "riesgo de parón".

Y es que, según Serrano, la burocracia administrativa, además de los recursos insuficientes, pueden "constreñir la ciencia", por eso esta actividad necesita de regulaciones específicas y adecuadas.

En el "Informe SOMMa: acciones necesarias para salvaguardar la competitividad de la ciencia", identifican tres problemas principales: criterios de deducción del IVA, contratación de personal y contratación pública (ahora se exige concurso público para servicios o suministros por importe igual o superior a 15.000 euros; piden aumentar este límite).

En cuanto al IVA, se explica que a partir de 2015 Hacienda ha abierto inspecciones del IVA de forma más generaliza a entidades de I+D, con retroactividad y una prescripción fiscal de cuatro años.

Esto "puede tener un gran impacto económico y, en algunos casos, podría incluso suponer el cierre de entidades".

Los inspectores de Hacienda han empezado a cuestionar la deducibilidad del IVA soportado en bienes y servicios, alegando que se debe probar la naturaleza de actividad económica de la ciencia, y lo hacen sin unanimidad de criterio en todo el país.

Hay mucha variabilidad en la prorrata -IVA a deducir- de centros similares, que va del 30 al 100%.

En el caso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el BOE publica las actividades que generan derecho a la deducción del IVA y en base a eso su prorrata varía cada año (84 % en 2017).

SOMMa pide que el IVA soportado en la investigación se deduzca en su totalidad, pero en el caso de tributar que se haga con unanimidad de criterios.

En la actualidad hay una enmienda parlamentaria a la ley de contratos menores para que la ciencia sea considerada como actividad económica y de interés general y con efectos retroactivos. EFE