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Parlamento murciano cree a Valcárcel y Cerdá responsables de trama desaladora

Cartagena (Murcia), 9 nov (EFE).- La Comisión de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras del Parlamento murciano ha aprobado hoy un dictamen que considera "responsables políticos" de una "trama" para construirla al expresidente autonómico Ramón Luis Valcárcel y al exconsejero de Agricultura y Agua Antonio Cerdá.

Con los votos de la oposición -PSOE, Ciudadanos y Podemos- y el rechazo del PP, el dictamen señala que pretendieron beneficiar al Grupo ACS con la construcción de esa infraestructura en Cartagena, que puede suponer un coste de casi 600 millones de euros.

La treintena de conclusiones validadas por la oposición serán remitidas al Consejo de Gobierno de Murcia, al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía por si consideran que hay indicios de responsabilidad contable y penal en ambos exaltos cargos autonómicos, uno de ellos, Valcárcel, actual vicepresidente del Parlamento Europeo.

También se les pide que se pronuncien sobre el particular con antiguos cargos del hoy extinto Ente Público del Agua (EPA) autonómico que también adoptaron decisiones sobre esa desalinizadora.

El dictamen, que pasará para su aprobación definitiva por el pleno de la Asamblea Regional de Murcia, contará previsiblemente con el voto particular del PP, que ha defendido que en todo el proceso de creación y gestión de la planta no hubo fraude ni ilegalidad.

El presidente de la comisión y portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha calificado las conclusiones de "demoledoras", porque demuestran que ha habido una "trama urbanística" para recalificar 180 millones de metros cuadrados para 300.000 nuevas viviendas sorteando la legalidad vigente.

El diputado de Podemos Antonio Urbina ha explicado que el proyecto es un "fraude de ley" por incumplir las leyes de Aguas, al crearse el EPA para "saltarse la normativa estatal", y de Contratos Públicos, al diseñar una trama para tener una desalinizadora en manos de la comunidad autónoma "evitando el concurso público".

Urbina ha añadido que la comisión ha "puesto en evidencia" que este procedimiento ha generado un coste económico de hasta 600 millones de euros en beneficio de las empresas del Grupo ACS y que el objetivo era suministrar caudales a los futuros desarrollos urbanísticos que finalmente no se han llevado a cabo.

El socialista Jesús Navarro ha reseñado que la inmensa mayoría de las conclusiones de los tres grupos han coincidido en sus planteamientos, en los que se determinan a los exaltos cargos regionales como responsables de un "entramado público y privado".

Desde el PP, Juan Luis Pedreño ha apuntado que la última sesión de la comisión ha servido para "leer algo ya estaba preestablecido y consensuado por la oposición", cuando ningún compareciente ni documento "apuntan que haya habido alguna ilegalidad", sino un cambio de circunstancias por la crisis económica que provocó que no fuera rentable la venta del agua de la planta. EFE

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