Miles de brasileños volvieron este domingo a las calles para protestar en casi un centenar de ciudades del país contra la corrupción y para exigir la salida de la presidenta Dilma Rousseff, cuya popularidad está en mínimos históricos pese a que sólo completó 102 días de su segundo mandato de cuatro años.

Las protestas fueron organizadas en las redes sociales por los mismos movimientos que se dicen independientes de los partidos políticos y que el 15 de marzo consiguieron congregar a cerca de dos millones de manifestantes en decenas de ciudades.

El número de manifestantes este domingo, sin embargo, fue muy inferior al del mes pasado, lo que fue minimizado por los organizadores e ignorado por el Gobierno, que en esta oportunidad se abstuvo de alinear ministros para das respuestas.
 
Según una encuesta divulgada este domingo por la firma Datafolha, el 75% de los brasileños aprueba las protestas y un 63% apoya que el Congreso abra un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, cuyo índice de aprobación continúa en el 13% que tenía en marzo -el menor desde que asumió-, por su supuesta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras.

La corrupción es precisamente uno de los detonantes de las protestas, especialmente el gran escándalo en el seno de la petrolera estatal, investigado desde hace más de un año y que ha ganado dimensión por la apertura de investigaciones a cerca de 50 políticos, en su mayoría oficialistas, que supuestamente recibieron sobornos de miles de millones de dólares desviados de Petrobras.