Los consumidores dejarán de pagar las subvenciones a las renovables

omienza la tramitación del anteproyecto de Ley para crear el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Con este mecanismo, el Gobierno quiere sacar las renovables de la factura y bajar el recibo de la luz un 13%

Por Tomás Muñoz M.

España recorre con paso firme el camino de la transición energética y prueba de ello es la última medida adoptada hacia la descarbonización del sector: la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), aprobada por el Consejo de Ministros a mediados de diciembre. La ley en trámite permitirá crear una nueva forma de financiar la electricidad de procedencia no contaminante, es decir, sacará de la factura doméstica los costes asociados a las renovables, la cogeneración y los residuos, el conocido como RECARE.

Con el nuevo mecanismo, las primas a las fuentes limpias dejarán de ser pagadas por los usuarios y se nutrirán del fondo, gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y sufragado por las empresas comercializadoras de gas natural y electricidad, operadores de productos petrolíferos al por mayor, operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y consumidores directos de los productos anteriores. Este cambio supondrá “al menos, una rebaja de un 13%, gracias a la disminución de los cargos”, según el Gobierno. El Ejecutivo defiende que si no se creara el FNSSE, “los costes fijos del recibo de los ciudadanos podrían subir alrededor de un 10%”.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) puntualizan que se trata de un mecanismo “socialmente progresivo”, ya que “cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su cesta energética, por lo que la bajada del precio de la luz beneficiará especialmente a los hogares con menores ingresos”. De igual forma, el fondo contempla “exenciones y compensaciones para los sectores con menos capacidad de adaptación”, para garantizar la equidad y redistribución. La implantación será gradual a través de un calendario lineal de cinco años para que los actores implicados puedan adecuarse.

La razón por la que el modelo actual ha quedado obsoleto es que, según el Gobierno, “se diseñó en un contexto de precios de la electricidad altos, un ‘mix’ de generación con fuerte presencia de tecnologías fósiles y emisoras y una demanda creciente”. La necesidad de un nuevo procedimiento viene de la mano del “descenso de la demanda debido al papel central de la eficiencia energética, el escenario de precios cada vez más bajos por la mayor penetración de renovables (la forma más barata de producir) y la salida del carbón”, lo que “genera una menor recaudación, poniendo en riesgo el equilibrio económico y financiero del sistema eléctrico.

Una apuesta por la producción verde

La medida ha sido “muy esperada” desde la industria de las energías limpias, aunque “llega cerca de diez años tarde”, en opinión de Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Esta institución, cuya razón de ser es impulsar y acelerar el cambio de modelo, ha calculado que un 53,8% de los más de 56.000 millones de euros de retribución a las fuentes no contaminantes entre los años 2010 y 2019, sin incluir la cogeneración, ya deberían haber sido asumidos entonces por las compañías que utilizan combustibles fósiles para producir electricidad, “algo que se va a conseguir ahora con la creación de FNSSE”. De esos 56.000 millones, Ferrando explica que 30.000 millones han ido a parar a la tarifa eléctrica.

Desde este ‘think tank’ se incide que la descarbonización únicamente se puede lograr siendo más eficientes y apostando por las renovables. En este sentido, aseguran que “el único vector que maximiza ambos conceptos —eficiencia y producción sin emisiones— es el fomento de la electricidad verde”. Por eso “se debe dar una señal a la población a favor de su consumo a través de la reducción de su precio y el incremento del coste de los diferentes usos de los combustibles".

Para ejemplificar la situación antes de la entrada en vigor del fondo, Fernando Ferrando recalca que, actualmente, producir energía con combustibles le supone al usuario menos dinero que si tiene un origen verde, pero “con el FNSSE podemos corregir el diferencial, tal y como propone el Gobierno”. Sin embargo, confirma que “todavía estamos muy lejos de tener unas relaciones de intercambio entre energías transparentes y equilibradas”.

Entre las metas fijadas por el Gobierno se encuentra la posible mitigación de la pobreza energética. La Fundación Renovables pide la implantación de una tarifa social, más que de “un bono social que concede una rebaja en el precio por un servicio esencial que debería estar, ante todo, garantizado. Del mismo modo que los consumidores permitimos subvencionar al sector con nuestra tarifa para que sea más competitivo, no nos opondríamos a que se ayudara a que la electricidad sea de acceso universal”.

La Fundación Renovables considera que existen algunos puntos de mejora en el texto, tales como “la reducción del periodo de implantación del propio FNSSE, un reparto diferente que tenga en cuenta el histórico de los 30.000 millones de euros antes mencionados, la reducción de las exenciones, así como algunas de las compensaciones”. Ferrando destaca que “el fondo debería ser, en cierta manera, una primera medida para avanzar hacia una fiscalidad verde y activa, con un carácter medioambiental y sostenible más definido”.

Desde la industria energética española también se da la bienvenida al anuncio de la creación del FNSSE. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, reconoce que “se trata de un instrumento fundamental para conseguir la descarbonización de nuestro sistema”. Desde su punto de vista, la electricidad se encuentra “penalizada” desde hace años, ya que “los consumidores han de pagar en sus facturas el coste de desarrollo de las renovables y la cogeneración”. Con el mecanismo que ahora se propone, “este coste se repartirá entre todos los suministradores de energía”, remarca.

Bogas ratifica que “se empezará a corregir el actual desequilibrio entre un recibo eléctrico que es de los más caros de Europa, debido al peso de estos costes, y unos combustibles que tienen una fiscalidad muy inferior a la media europea”. El máximo responsable de Endesa concluye que “el esquema propuesto en el Anteproyecto de Ley irá en beneficio de la competitividad, del medio ambiente y de millones de familias españolas que empezarán a percibir una rebaja de sus costes energéticos”.