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Imagínense un país en el que el desempleo crece un 42,5% en términos anuales, y en el que en tan sólo doce meses el número de afiliados a la Seguridad Social cae en 672.00 personas. O lo que es lo mismo, en el que el sistema de protección social (que funciona por el sistema de reparto) pierde 1.841 cotizantes cada día incluyendo sábados, domingos y festivos. Y en el que el paro ha pasado del 8,3% sobre la población activa al acabar 2007 al 11,3% tres trimestres después, pero con perspectivas ciertas de que se sitúe muy cerca del 18% a la vuelta de seis trimestres. De largo, el mayor nivel de los países desarrollados.

Se trata de un país en el que el déficit del Estado -sin contar el resto de las administraciones públicas-  suponía al finalizar noviembre el 1,28% del Producto Interior Bruto, cuando un año antes  lucía un superávit equivalente al 2,41% del PIB. O dicho en otros términos. De un superávit equivalente a 25.383 millones de euros, se ha pasado a un desequilibrio que representa 14.060 millones de euros, lo que significa, en otros términos, que en apenas doce meses el Estado se ha gastado 39.423 millones de euros más que lo que ha sido capaz de ingresar. Nada menos que el 4% del PIB nacional. Y eso que, según su presidente, el superávit  era la mejor herramienta del Estado contra la crisis.

Habrá quien piense que detrás de tanta agitación macroeconómica se encuentra alguna tragedia: una guerra, desastres naturales o, incluso, insurrecciones populares que han desestabilizado el poder político. Habrá, incluso, quien  considere que el país vive un periodo de agitación social sin precedentes. De otra manera no se podría explicar que el índice de sentimiento económico haya descendido en 30 puntos (de 97 a 67 puntos) en sólo doce meses, lo que significa el mayor deterioro de la Europa continental.  O que la confianza sobre el futuro de la industria muestre 32 puntos negativos, cuando hace apenas un año el saldo era equilibrado.

No es para menos esa desconfianza económica si se tienen en cuenta otros indicadores que ponen de manifiesto la intensidad del ajuste.  La matriculación de turismo está cayendo a un ritmo del 48,7%, pero es que el consumo de cemento (un indicador clave para entender la evolución del sector inmobiliario y de la construcción) está retrocediendo un 41,5%; mientras que las ventas del comercio minorista se han desplomado un 8%, la tasa más negativa de las series históricas. El déficit comercial, al menos, está también cayendo, pero lo que podría parecer positivo en una lectura superficial no lo es si se tiene en cuenta que es consecuencia de un desplome de las importaciones (-10,4%) más que de una recuperación de las  exportaciones, toda vez que las ventas al exterior caen un 0,2%. Un país con el mayor déficit de la balanza de pagos del mundo, y que cada año necesita del exterior más de 100.000 millones de euros para financiar su actividad productiva.

Desplome inmobiliario

¿Y qué decir del sector inmobiliario, el principal yacimiento del empleo durante años? Pues ni más ni menos que las viviendas iniciadas están cayendo un 56%, lógico si se tiene en cuenta que, según los expertos, existen entre 800.000 y 1,4 millones de viviendas sin vender. Eso sí, desafiando a la literatura económica, los precios se mantienen a niveles desorbitados y muy por encima de la renta disponible de las familias, fuertemente endeudadas con operaciones a 30 y 40 años.

El país, para más inri, dispone de una compleja arquitectura política-institucional. Cuenta con 17 parlamentos autonómicos que legislan sin parar, y que gestionan las dos terceras partes del gasto público. Sin embargo, sólo ingresan directamente poco más del 20% del presupuesto, lo que explica que se trate de un sistema de financiación desequilibrado (e ineficiente) que reabre el melón cada cinco años. Unos recaudan (los funcionarios del Estado) y otros gastan (los de las regiones) lo que provoca tiranteces de todos los colores para el sonrojo de muchos ciudadanos, que observan importantes duplicidades en la gestión del gasto público.

Se trata de un país democrático, en el que las elecciones se celebraron hace apenas nueves meses y en las que revalidó su mayoría el partido gobernante, que prometió pleno empleo al final de la legislatura. No sólo eso, sino superar a Francia en términos de renta per cápita.

Ese país está a punto de asomarse a la mayor recesión del los últimos 50 años. En concreto, desde la aprobación del Plan de Estabilización  que supuso dejar atrás la autarquía, pero no la Dictadura. El país vive tranquilo y confiado, y es uno de los más felices de Europa, tal y como reflejan las encuestas. Ha salido de situaciones peores, lo cual no es ningún consuelo. Pero sirve para dar músculo argumental al discurso de la clase política  Ahora, sin embargo, se prepara para llegar a los cuatro millones de parados en el último trimestre de 2009 con un nivel de endeudamiento de empresas y familias verdaderamente importante. Cosas que pasan.

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