El Área Metropolitana de Barcelona activa un plan integral para impulsar vivienda más asequible y sostenible

Como respuesta a la crisis de acceso a la vivienda que afecta a los grandes polos urbanos, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) está llevando a cabo un plan integral para ampliar el parque público de la metrópolis de Barcelona, que este sea más eficiente y socialmente cohesionado. Esta administración está implementando políticas públicas de vivienda para aumentar el parque residencial en un territorio que comprende 36 municipios y 3,2 millones de personas donde se concentra el 42,5% de la población de Cataluña y el 55,7% de su PIB. Tal y como afirman desde la entidad pública, están enfocando su esfuerzo inversor -el AMB cuenta con un presupuesto total de 2,9 millones - en “tratar de definir estrategias para garantizar el derecho a una vivienda digna que sea asequible, sostenible y eficiente”.

El último informe 'Polítiques d'hab citatge a l’àrea metropolitana de Barcelona' -Políticas de Vivienda en el Área Metropolitana 2025-, cifra en, aproximadamente, 11.000 las viviendas públicas que la institución habrá impulsado en una década. Entre 2019 y 2025, se promovieron cerca de 5.000 viviendas sociales y la previsión pasa por superar esa cifra en protección oficial -tanto en régimen de alquiler como en compra- en los próximos años.

La rehabilitación es una de las herramientas del AMB para expandir el parque público de vivienda. La gestión de los fondos Next Generation de la UE ha permitido recuperar 6.809 viviendas en tres años, del 2022 al 2025, según dicho informe.

En concreto, el Consorci Metropolità de l'Habitatge (Consorcio Metropolitano de la Vivienda), que surge de la unión de la Generalitat de Catalunya y el AMB, recibió 98,89 millones de euros de fondos europeos e incentivó la rehabilitación con subvenciones del 80% sobre el importe total del coste de la obra o del 100% en casos de familias vulnerables, junto a ventajas fiscales como la exención de tributación del IRPF. El 75,68% de las subvenciones de los fondos Next Generation se han destinado a actuaciones en barrios vulnerables.

El AMB apuesta por “conjugar la calidad arquitectónica, la sostenibilidad integral y la innovación tipológica” para rehabilitar o edificar viviendas de protección oficial en el área metropolitana, según explican desde la entidad pública. Este triple objetivo comienza por reforzar la eficiencia energética en edificaciones sostenibles que minoran la huella de carbono en el proceso constructivo e incorporan estrategias pasivas -ventilación cruzada y galerías bioclimáticas que funcionan como un cojín térmico- y el empleo de materiales de alta inercia capaces de almacenar temperatura y liberarla lentamente para reducir la dependencia de la climatización (hormigón, piedra, ladrillo macizo..).

El segundo propósito se relaciona con la durabilidad de unas edificaciones concebidas para durar más de 150 años y criterios de resiliencia para reducir su vulnerabilidad. Por último, aplican fórmulas de innovación arquitectónica y social para fomentar la convivencia generacional contra la soledad no deseada con espacios amplios y luminosos que favorecen la participación ciudadana y el espíritu de comunidad.

Fases de construcción

El AMB está presente en todas las fases del proceso de promoción de vivienda pública y opera a través de tres organismos. El primero es el Instituto Metropolitano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMPSOL), participado al 100% por la institución metropolitana y dedicado a la promoción propia y la construcción de vivienda protegida en régimen de compraventa y alquiler. Su objetivo es promover de 500 a 600 viviendas cada año.

Un convenio del año 2020 entre esta entidad y el Ministerio de Transportes (el actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, MIVAU) ha facilitado la construcción de otros 1.206 pisos de alquiler asequible en localidades como Cornellà, Sant Just Desvern o Viladecans.

El segundo organismo es Habitatge Metròpolis Barcelona, SA., un operador público-privado de alquiler asequible participado al 50% por el sector público (AMB y Ajuntament de Barcelona) y el otro 50% corresponde al sector privado. Su objetivo es edificar un gran parque de 4.500 viviendas de alquiler asequible distribuidas a medias entre Barcelona (2.250) y el resto de municipios del área metropolitana con una inversión estimada en 600 millones de euros. Actualmente, hay 1964 viviendas en distintas fases de construcción, proyecto y estudio.