La situación que puede paralizar una comunidad de vecinos si nadie quiere ser presidente

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La figura del presidente en una comunidad no es decorativa, sino una exigencia legal clave para su funcionamiento. Este cargo recae en uno de los propietarios y su ausencia impide realizar gestiones esenciales. Sin alguien que lo asuma, se bloquean trámites como firmar contratos, ejecutar acuerdos o reclamar judicialmente.

Según la Ley de propiedad horizontal, el presidente debe ser elegido entre los vecinos, aunque no quiera. Si rechaza el cargo, dispone de un mes para solicitar su relevo ante un juez. Mientras no haya una resolución, esa persona continúa legalmente al frente de la comunidad, aunque no ejerza el cargo activamente.

Cuando nadie acepta asumir la presidencia, la comunidad puede acabar en un punto muerto. En estos casos, es posible acudir a los tribunales para que el juez designe a alguien. Esta vía judicial, sin embargo, implica demoras y costes adicionales, afectando a la operatividad del edificio y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

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Silvia López

Aunque algunas fincas cuentan con un administrador, este profesional no puede sustituir al presidente en sus funciones legales. Por eso, muchas comunidades optan por sistemas de rotación entre propietarios o incentivos, con el fin de facilitar que alguien asuma esta responsabilidad, que suele generar reticencias por su complejidad.

No aceptar el cargo sin recurrir al juzgado ni justificar la negativa puede provocar un colapso en la gestión comunitaria. La figura del presidente no es prescindible y su ausencia deja al edificio sin representación legal, lo que afecta directamente a su mantenimiento, su seguridad y la convivencia vecinal.