700.000 FAMILIAS DESTINAN MÁS DEL 45%

El alquiler se 'comerá' más del 30% de los ingresos de 1,8 millones de hogares

Según estimaciones de Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la UAB, tras el coronavirus, 400.000 hogares más que en 2019 tendrán problemas para pagar el alquiler

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La crisis sanitaria y económica desencadenada por el coronavirus está llevando al límite a miles de hogares que viven de alquiler en España, muchos de los cuales, debido al 'boom' de los precios en los últimos años, ya vivían una situación delicada al tener que dedicar buena parte de sus ingresos, más de lo que aconsejan los expertos, a pagar el alquiler.

Según estimaciones de Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), tras el covid-19, y considerando que los precios de los alquileres se mantienen en niveles similares a los de 2019 y la renta de las familias se pueden encontrar en la actualidad en los niveles de 2013-2014, actualmente hay en España 1,8 millones de hogares —de los 3,1 millones que viven de alquiler— que a finales de 2020 estarán destinando más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Se trata de 400.000 hogares más con problemas para pagar la renta que en 2019.

Antes del covid, unas 700.000 familias en España con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes destinaban más del 45% de estos a pagar el alquiler

Las cifras, dadas a conocer por Oliver en la XXI Jornada Anual del Club Inmobiliario Esade Alumni, preocupan a los expertos, pero no son nuevas, ya que en 2019, según los cálculos de este catedrático, cerca de 1,2 millones de hogares, es decir, un 39% de las familias que viven de alquiler en España, ya destinaban más del 30% de sus ingresos a pagar la renta, de tal manera que la crisis del covid-19 no habría hecho más que aumentar las dificultades para acceder a una vivienda, especialmente de los hogares con menos recursos, con el inevitable incremento de la exclusión del mercado de la vivienda de miles de familias.

De hecho, la situación era ya especialmente dramática para los hogares con menores ingresos. Oliver estima que antes del coronavirus, unas 700.000 familias en España con ingresos inferiores a 1.000 euros al mes destinaban más del 45% de estos a pagar el alquiler.

El estudio de Josep Oliver muestra cómo el mercado del alquiler, a diferencia del de la compraventa —o al menos de manera más acusada—, muestra un claro sesgo hacia hogares con rentas inferiores a la media. Es decir, los hogares con menores ingresos son más propensos a vivir de alquiler. "A pesar de la mejora del empleo y los ingresos de los hogares entre 2014 y 2019, el año pasado, 1,9 millones, es decir, más del 61% de los hogares en alquiler a precios de mercado, presentaban ingresos familiares por debajo de los 2.000 euros al mes", destaca el catedrático.

De manera que, en 2019, el ingreso medio de los hogares con rentas inferiores a 1.000 euros (casi 700.000) se situaba en los 677 euros al mes, y entre 1.000 y 1.499 euros, más de 700.000 hogares superaban escasamente los 1.200 euros al mes. Ingresos que, con los alquileres disparados en buena parte del territorio español, complican seriamente el acceso a una vivienda de muchas familias en determinadas ubicaciones.

Según Oliver, como vienen desde hace meses alertando diferentes expertos y estudios del sector, el 'boom' de los alquileres de los tres últimos años ha llevado a muchas familias al límite, al tener que destinar más de un tercio de sus ingresos al pago del alquiler, una situación muy diferente a la que se vive en otros países europeos. "En España, en 2018, un 40% de la población que vivía de alquiler dedicaba más del 40% de su renta en atender los costes de la vivienda, un peso notablemente superior al 25% de media de la UE-27 y muy alejado de los valores de Holanda (22%), Alemania (21%), Francia (12%) o Austria (12%)", destaca Oliver.

La situación es especialmente asfixiante en los hogares con menores ingresos, los que mayores problemas tienen para pagar el alquiler. Así, si en 2019 el 45% de las familias en alquiler —1,4 millones del total de 3,1 millones— dedicaba más del 30% de sus ingresos al alquiler, aquellas con renta inferior a 1.000 euros al mes, unas 700.000 familias, destinaban más del 45%, y la situación se complica aún más para aquellas familias cuya persona de referencia tiene 50 años o más o ha nacido en el extranjero.

Los problemas de acceso a la vivienda —ya sea en propiedad o en alquiler— están sobre la mesa de la agenda política desde hace años, y del futuro de esos hogares y el empeoramiento o mejora de su situación dependerá de la evolución de la economía española y el empleo. Pero también del propio mercado del alquiler, donde una mayor oferta, según los expertos, es clave para contener la subida de los precios.

"Siempre he creído que la mejor política para contener los precios es aumentar la oferta", fueron las palabras de David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, en la jornada de Esade. Y, para ello, el Gobierno ha aprobado la cesión de suelo público a coste cero al sector privado con el objetivo de alcanzar, junto a otras políticas de vivienda, una oferta de más de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.

Y en su construcción, como llevan años pidiendo los promotores, la colaboración público-privada es clave. Y un reto, según Íñigo Fernández de Mesa, presidente de Rothschild España y vicepresidente de CEOE, que el Estado, ante "un importante déficit público, no podrá afrontar por sí solo con recursos públicos; es absolutamente necesaria la colaboración público-privada, no hay alternativa desde el punto de vista de las finanzas públicas", ya que, en su opinión, no hay margen presupuestario para mayor gasto público.

No obstante, "para que estos acuerdos sean efectivos", ha dicho Fernández de Mesa, "es clave la seguridad jurídica para los inversores", una opinión que ha compartido Eduard Mendiluce, CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria. "Los pliegos de las concesiones deben ser muy claros y hay que definir cómo se abordan situaciones de morosidad o de ocupación ilegal de viviendas. La seguridad jurídica es clave, si no, nadie va a invertir". En este sentido, considera que "limitar garantías adicionales para el arrendador, las medidas que fomentan la ocupación de la vivienda, fijación de topes al precio, van en contra de aumentar el parque público de vivienda".

Por otro lado, los expertos que han participado en el debate han insistido en la necesidad de ayudas directas a los inquilinos para que, en los próximos meses, puedan hacer frente al pago de sus alquileres. "Como consecuencia de la crisis, unas 350.000 familias van a requerir tasas de esfuerzo superiores al 45% (nuevas tasas), por lo que conviene poner en marcha estas ayudas", ha apuntado Mendiluce. “Hay una petición brutal de ayudas directas y en la mayoría de las comunidades autónomas se han agotado. Esto nos indica que la gente no quiere endeudarse para pagar su alquiler”, concluye este experto, en referencia a las moratorias de pago y créditos del ICO impulsados desde el Gobierno.

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