El Gobierno lanza por fin su índice de alquiler, pero no limitará las rentas... aún

Con cuatro meses de retraso, el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler es ya una realidad. La crisis sanitaria desencadenada por el coronavirus ha retrasado su presentación en sociedad, que ha tenido lugar, finalmente, este martes en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

Esta herramienta no nace con el objetivo de limitar los alquileres en zonas tensionadas, sino con el de proporcionar transparencia sobre un mercado, el del alquiler, sobre el que no existían aún estadísticas oficiales, ya que los únicos datos provienen de los portales inmobiliarios, que no ofrecen precios del cierre de operaciones sino precios de oferta, lo que dificulta tener datos precisos sobre las rentas que se están pagando actualmente en toda España.

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No obstante, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado que "el objetivo de esta herramienta no es enmendar los datos de los portales inmobiliarios privados", sino tener un "conocimiento más preciso del mercado del alquiler" para que "los poderes públicos puedan tomar decisiones para proteger el derecho a la vivienda".

En este sentido, esta herramienta —cuya elaboración estaba incluida en el real decreto sobre medidas urgentes en materia de alquiler de marzo de 2019— permite desde este martes a cualquier ciudadano, Administración pública o empresa privada consultar los precios que se están pagando realmente por un alquiler en cualquier barrio de España, pero en ningún caso pretende, al menos por el momento, que sirva a CCAA y ayuntamientos para limitar los precios de los alquileres sino para detectar mercados especialmente tensionados y así "poder adoptar políticas de vivienda que garanticen el derecho de acceso a una vivienda en alquiler a precios asequibles", tal y como señalan fuentes del ministerio. El primer análisis refleja que algunas de las principales zonas tensionadas serían Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia o las islas (Canarias y Baleares).

La herramienta no pretende, al menos por el momento, limitar los precios de los alquileres sino detectar zonas tensionadas

Estas mismas fuentes han insistido en que la posibilidad de que se limiten los precios de los alquileres no está aún sobre la mesa, pero no descartan que se pueda realizar en un futuro, y, en cualquier caso, aclaran que "las comunidades autónomas no tienen estas competencias sino que sería necesaria la elaboración de una ley estatal". Desde el ministerio, destacan que antes de pensar en la limitación de los alquileres "hay que ver cómo evoluciona el mercado del alquiler en los próximos meses, cómo de profunda va a ser la crisis y cómo van a evolucionar los precios".

Asimismo, fuentes del ministerio han asegurado que, en todo caso, "cualquier cambio en las políticas de vivienda deberá ser consensuado, como ya sucedió con los anteriores reales decretos del alquiler" y se podría realizar vía su inclusión en la ley estatal de vivienda o en una modificación en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

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La política de control de precios, a la que el PSOE se comprometió en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, cuenta con un amplio rechazo en el sector inmobiliario, que cree que generará un mercado negro, problemas de demandas judiciales masivas, menos oferta y más desigualdad, como ha ocurrido —dicen— en París y Berlín.

11,2 millones de datos

Para la elaboración de esta herramienta, que se puede consultar desde este martes en la página web del ministerio, se han cotejado más de 11,2 millones de datos de arrendamientos de los últimos cuatro años, y se actualizará anualmente con información de 1,7 millones de inmuebles. Se han agregado datos referidos a rentas, metros cuadrados y superficie en todos los niveles territoriales. Se trata de la herramienta que Ábalos se comprometió a elaborar hace más de un año —cuando se aprobó el 'decreto del alquiler'— y que estuvo a punto de publicar en marzo, cuando se aplazó por la irrupción del covid-19.

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Para su elaboración, se han utilizado datos de la Agencia Tributaria —a través del modelo 100 de la declaración de la renta—, de la Dirección General del Catastro, del Instituto Nacional de Estadística (INE), del Registro de la Propiedad y del Banco de España, y recoge información de 33.662 secciones censales, 9.842 distritos censales, 7.593 municipios, 46 provincias y 15 comunidades autónomas —excepto de Navarra y País Vasco, con su propio sistema fiscal foral—, además de Ceuta y Melilla. La actualización de los datos será anual. De hecho, una vez que ha concluido la campaña de la declaración de la renta de 2019, en los próximos meses se procederá a su actualización.

El sistema se formulará como un mapa de España, que será público, y en el que se podrá consultar el precio del alquiler y su evolución por unidades censales, distritos, provincias, municipios y comunidades autónomas. El ministro ha estado acompañado en el acto por el secretario de Estado, Pedro Saura, y el secretario general de Vivienda, David Lucas.