Lleno total en un hotel de lujo para pujar por los inmuebles embargados a los narcos

La expectación era máxima. El lugar estaba lleno. Más de 300 personas abarrotaban la sala del hotel Wellington en la calle Velázquez donde la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa) subastaba este miércoles 40 lotes de activos procedentes de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Todo tipo de inmuebles decomisados a condenados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. En su día, cuando sus propietarios fueron condenados por la Audiencia Nacional, estos inmuebles fueron embargados para saldar sus deudas con el Estado. Ahora, como cada año, han salido a subasta.

Según la prensa gallega como El Faro de Vigo o La Voz de Galicia, entre los bienes embargados se encuentran propiedades del clan del vigués Juan Carlos González Martín, "Culebra", ya fallecido, y que fue el cabecilla de la mayor trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico desarticulada en Vigo. Cuatro años después de la sentencia en firme, sus propiedades han llegado a subasta. La prensa gallega también destaca activos embargados al clan de "Patoco" o el narco, Marcial Dorado.

Un evento que ha despertado un enorme interés, ya que no solo se ha duplicado, por ejemplo, el número de lotes subastados hace dos años —40 lotes frente a 18— sino que el número de asistentes también se ha multiplicado, y la subasta ha tenido que celebrarse en dos sesiones, de mañana y de tarde. Unas seis horas de subasta, frente a apenas una hora que duró el acto de 2017.

Además, a diferencia de lo que sucedió entonces —cuando se subastó una de las propiedades del narcotraficante gallego Laureano Oubiña—, el Estado sí ha conseguido superar sus expectativas de venta. Inicialmente, tenía previsto ingresar al menos 9,6 millones de euros, y ha conseguido 11,6 millones, es decir, un 21% más, y ha conseguido 'colocar' 36 de los 40 activos subastados.

En 2017, por el contrario, de los 18 lotes se adjudicaron 16 por un total de dos millones de euros, la mitad de lo que el Estado esperaba obtener. "Se nota cómo la gente que tiene algo de dinero para invertir, viendo la que se nos viene encima a nivel económico y político, vuelve a refugiarse en el ladrillo", comentaba a El Confidencial uno de los asistentes al evento.

Inicialmente, el Estado tenía previsto ingresar al menos 9,6 millones de euros, y ha conseguido 11,3 millones, es decir, un 18% más

El perfil de los asistentes ha sido muy variopinto. Mujeres y hombres, jóvenes y no tan jóvenes, particulares y empresarios... Tan variopintos como los activos subastados, sus precios y sus ubicaciones. Desde tierras de secano, pasando por locales comerciales hasta viviendas y naves industriales, garajes y trasteros. Desde 12.100 euros por una tierra de secano con una edificación no inscrita hasta 4,8 millones por una parcela industrial con una nave y un edificio.

Precisamente, este ha sido uno de los activos que mayor interés han despertado entre los inversores y que mayor expectación han generado entre los asistentes, puesto que la adjudicación se ha producido tras casi media hora de pujas, ya que inicialmente estas, que partían de 3,4 millones de euros, se han realizado en tramos de 10.000 en 10.000 euros, para posteriormente ampliar el rango a 20.000, y finalmente, de 50.000 en 50.000 euros.

Este activo ha sido el que mayores ingresos reportará al Estado, puesto que la última puja se ha cerrado en 7,2 millones de euros, un 50% por encima del precio de subasta.

No obstante, este no ha sido el inmueble por el que Segipsa ha conseguido un mayor incremento porcentual respecto al precio de salida. Por ejemplo, por una tierra de secano con una edificación no registrada en Villablanca (Huelva), ha conseguido quintuplicar el precio inicial previsto: de 12.100 a 66.500 euros. Asimismo, también ha conseguido duplicar el precio de salida de dos activos, uno de ellos en Lepe (Huelva) y otro en Isla de Arousa (Pontevedra).

Por el contrario, por varios inmuebles ubicados en Alhaurín de la Torre (Málaga), L'Espluga de Francolí (Tarragona), Mieres (Asturias), Combada y Sanxenxo (Pontevedra), ha conseguido precios un 30% por debajo de lo esperado. De hecho, en Alhaurín de la Torre se subastaba la vivienda más cara. De los 247.400 euros inicialmente previstos, el Estado finalmente ingresará 173.000. Por otro lado, dos de los activos solamente han recibido una oferta —por escrito—, por lo que se ha procedido a su adjudicación directa, mientras que dos de las subastas han quedado desiertas.

Respecto a la ubicación de los inmuebles, pocas sorpresas, ya que muchos se encuentran situados en epicentros del tráfico de drogas. Casi la mitad de los lotes se encuentra ubicada en Pontevedra, y un tercio, en Málaga y Huelva.

Como en ocasiones anteriores, la identidad de los pujantes ha estado a salvo de curiosos, puesto que, una vez acreditados ante Segipsa, han pujado bajo la identidad de un número. Además, en la sala estaba prohibido tomar fotos o hacer cualquier tipo de grabación. De ahí que, al menos por ahora, sea imposible saber quiénes han sido los valientes en comprar una propiedad embargada a un narcotraficante.

El procedimiento, muy parecido a lo que podemos tener en mente de las subastas tradicionales con un mazo y un atril. Gente pujando de 2.000 en 2.000 euros a mano alzada y adjudicándose los inmuebles a la de tres, tras el sonido del mazo. ¿Alguien da más? A la de una, a la de dos... Adjudicado.