La vivienda entra en el debate: de meter a okupas en la cárcel a limitar el alquiler

La vivienda ha entrado, por fin, en el debate político. Si el lunes los cuatro candidatos pasaron completamente de puntillas sobre un tema que preocupa a buena parte de los ciudadanos, especialmente a aquellos que viven de alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona, este martes los periodistas Ana Pastor y Vicente Vallés, moderadores del debate, han interpelado directamente a los cuatro dirigentes sobre las medidas en materia de vivienda, especialmente de vivienda en alquiler, que tienen previsto poner en marcha si ganan las elecciones del próximo 28 de abril. Unas medidas que no han sorprendido a los espectadores, puesto que no ha habido grandes novedades respecto al discurso manejado hasta ahora por cada uno de ellos.

Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Ciudadanos) han coincidido en la necesidad de dar mayor seguridad jurídica a los propietarios de viviendas, ante "la proliferación de la okupación. Hay que acabar con los okupas y cualquier ciudadano que tenga una vivienda debe tener la tranquilidad de poder irse de vacaciones o salir por la noche sin temor a que se la okupen", ha dicho Rivera, si bien, a diferencia de lo que ha dicho Casado, no ha concretado cómo proteger a los propietarios de la okupación ilegal de sus viviendas. El dirigente del PP, por su parte, pide una ley antiokupación que contemple penas de prisión de entre uno y tres años para los okupas y que la Guardia Civil pueda desalojar una vivienda okupada en 24 horas. A principios de este año, el PP registró una proposición de ley destinada a combatir la okupación ilegal de viviendas.

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No obstante, hay que recordar que hace apenas unas semanas, el Tribunal Constitucional (TC) avalaba la legalidad de la reforma en la ley que permite agilizar los desahucios de viviendas okupadas, que se aprobó en las Cortes antes del verano. La ley, que es una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), fue aprobada hace un año en el Congreso de los Diputados para facilitar que los propietarios de viviendas okupadas de manera ilegal puedan recuperar el inmueble en un breve plazo de tiempo, en concreto, en un máximo de 20 días.

La ley contó con el respaldo del PP, Ciudadanos y el PNV, mientras que el PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC y Compromís votaron en contra en la Cámara Baja, y recurrieron su inconstitucionalidad. Un recurso que fue desestimado.

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Pablo Iglesias, por su parte, como lleva meses defendiendo, apuesta por acabar con "la especulación de fondos de inversión, no de particulares, en el mercado del alquiler", para lo que apuesta por "intervenir el mercado contra estos especuladores" y limitar los precios de los alquileres para "que ninguna familia destine más del 30% de su renta al pago de un alquiler", ha dicho. Asimismo, apuesta por crear un parque público de vivienda en alquiler con los pisos en manos de la banca y de Sareb.

Una propuesta que comparte, con matices, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, tras recordar la reciente aprobación de un real decreto-ley sobre el alquiler, que ha ampliado los contratos de tres a cinco años, ha destacado la necesidad de aumentar la oferta de viviendas sociales en alquiler, para lo que el Ejecutivo va a poner en el mercado 20.000 viviendas.

Entre las anécdotas, por un lado, el olvido de Casado de la que podría haberse convertido en su medida estrella en materia de vivienda. Hablamos de la intención de los populares de recuperar la deducción por vivienda habitual, suprimida desde el 1 de enero de 2013. O su patinazo respecto al polémico impuesto de las hipotecas. El dirigente del PP ha prometido suprimir "el AJD a los hipotecados", olvidando que el pasado mes de noviembre y ante el caos generado en el seno del Tribunal Supremo, el Gobierno aprobó un real decreto-ley por el que la banca está obligada a pagar el impuesto de todas las hipotecas que se firman actualmente en España.

Por su parte, Pedro Sánchez ha perdido la oportunidad de hacer un guiño a los jóvenes, con la propuesta de su programa electoral para recuperar la renta básica de emancipación de jóvenes.