La oposición avala el decreto del AJD, pero quiere meter cambios en el Congreso

La oposición ha avalado el decreto ley aprobado por el Gobierno para cargar el impuesto de actos jurídicos documentados a los bancos durante su debate en el Pleno del Congreso, pero ha exigido cambios en su redacción, por lo que quieren que la norma se tramite como proyecto de ley.

Así, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, UPN y Foro Asturias han reclamado la introducción de enmiendas a esta norma, para la que también han anunciado su apoyo, al igual que PSOE, Esquerra Republicana y Compromís. PNV y EH-Bildu han avanzado su abstención, recordando las bonificaciones de este impuesto ya contempladas en el País Vasco.

En todo caso, PP y Ciudadanos han afeado al Gobierno la decisión de aprobar este cambio legislativo a través de un decreto ley, máxime cuando en estos momentos se tramita en el Congreso una ley de crédito inmobiliario. Carlos Floriano, del PP, ha llegado a advertir al Gobierno del riesgo de inconstitucionalidad por recurrir a este instrumento.

Montero justifica la urgencia por un "frenazo" en las hipotecas

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado este mecanismo de urgencia ante el "frenazo" de "movimientos hipotecarios" que, ha dicho, se generó tras la decisión del Tribunal Supremo de atribuir primero a la banca el pago de este impuesto, y después someter a una nueva deliberación que finalmente acabó con que era el cliente quien debía hacer frente al impuesto.

"No se podía seguir operando en estas circunstancias", ha señalado la ministra, que ha justificado también que no se dictara la retroactividad en el pago del impuesto, tal y como había dictado el Supremo en un primer momento, por la imposibilidad de introducir la misma en normas de carácter fiscal. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, ha abundado, esta retroactividad no se puede aplicar cuando hay un tercero que tiene que hacer frente a este pago, como es el caso de este impuesto.

Excepciones ya comtempladas

Asimismo, la ministra ha explicado que las "excepciones" para el pago de este impuesto se mantienen a las circunstancias previamente planteadas, cuando la hipoteca se otorga a administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro, la Iglesia, "o cualquier otra que vele por el bien común", ha añadido. En todo caso, ha subrayado que no existe excepcionalidad a la hora de pagar el impuesto por el tipo de prestamista, sino que las salvedades se ciñen a los prestatario que ya estaban exentos del impuesto.

Por último, ha asegurado que el Gobierno estará "vigilante" para que las entidades financieras no acaben repercutiendo en el cliente este impuesto a la hora de conceder hipotecas. Así ha apelado "a la responsabilidad del sector financiero", a la competitividad y al "libre mercado" en el que opera el sector, y también a la autoridad de protección que pondrá en marcha el Ministerio de Economía y Empresa para evitar cláusulas abusivas en los contratos.

El PP duda del poder de vigilancia del Gobierno

Pese a las justificaciones de la ministra, el PP ha puesto en duda esta vigilancia de la ministra. "¿De su atención qué se deriva? ¿Se imagina a los consejos de administración nerviosos?", se ha preguntado Carlos Floriano, que ha asegurado que "las entidades comenzaron a endurecer las concesiones de hipoteca" y que las cantidades que se pagan ahora son incluso superiores a las de la situación anterior.

También Ciudadanos ha criticado la "improvisación" del Gobierno, pues este impuesto se cobra desde hace 23 años, tal y como ha recordado su portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien, eso sí, ha justificado su convalidación tras el "bochorno" y "descrédito" provocado por el Tribunal Supremo. "No se aguantaría otro cambio de criterio", ha dicho.

Ante las críticas de ambas formaciones, Patricia Blanquer, portavoz fiscal del PSOE, ha alabado la "rápida" y "concreta" respuesta del Gobierno ante esta situación. Asimismo, ha animado a ambas formaciones a acompañar sus propuestas para bajar o eliminar impuestos con los servicios públicos cuya dotación presupuestaria rebajarían, ya que el PP había abogado por un tipo cero para este tributo.

PP, PSOE y CS rechazaron cargar a los bancos

Lucía Martín, de En Comú Podem, ha criticado a PP, PSOE, Ciudadanos, PDeCAT y PNV por haber rechazado, antes de estallar este caso en el Supremo, que la banca asumiera el impuesto. "Para algunas cosas tan lejos, pero para blindar los privilegios de la banca, todos tan cerca y tan de acuerdo", ha criticado, colocando el decreto como un "parche para tapar" estas "vergüenzas" y reclamando "reformas para garantizar una vivienda digna".

Asimismo, ha pedido al Gobierno trabajar en los apoyos para sacar adelante los Presupuestos de 2019, en los que se contemplarían estas medidas, al igual que ha pedido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví: "Menos elecciones y más acciones", ha pedido en su intervención, reclamando, entre ellas, actuaciones para impedir que los bancos repercutan este impuesto.

"¿Por qué no han reaccionado con tanto ímpetu ante otras afectaciones que sufre la ciudadanía de los bancos?", se ha preguntado Joan Margall, de ERC, al igual que el portavoz de Hacienda del PDeCAT, Ferrán Bel, al que también le generan "muchas dudas" las excepciones que se siguen contemplando a la hora de abonar el impuesto.