Madrid se enfrenta a indemnizaciones de 1.580 M por frenar los desarrollos del sureste
POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR

Madrid se enfrenta a indemnizaciones de 1.580 M por frenar los desarrollos del sureste

Más de 640 millones de euros para la Junta de Compensación de Los Berrocales, otros 755 millones para Valdecarros, mientras que, para Los Cerros, la indemnización ascendería a 182 millones

Foto: Mapa de los principales sectores de los desarrollos del sureste.
Mapa de los principales sectores de los desarrollos del sureste.

La paralización de los desarrollos del sureste de Madrid podría costar al ayuntamiento de la capital casi 1.600 millones de euros, el 34% de su presupuesto anual. Es el cálculo que dos peritos independientes han realizado a raíz de la ejecución del Plan Director de la Nueva Estrategia de Desarrollo del Sureste de Madrid, que ha provocado, 'de facto', la paralización de todos los ámbitos de la zona sur de Madrid: Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros y Ahijones, la última gran bolsa de suelo finalista al sur de la capital llamada a poner en el mercado miles de viviendas a precios asequibles.

El informe, elaborado por Federico García Erviti y Gerardo Roger Fernández Fernández, expertos en valoraciones urbanísticas, cifra en 1.580 millones de euros las indemnizaciones para las juntas de Compensación de Valdecarros, Berrocales y Los Cerros. El propio Plan Director elaborado por el consistorio contempla posibles indemnizaciones, si bien no las cuantifica.

Según este documento, el número de viviendas quedaría reducido a una tercera parte —de 105.000 a 38.708—, además de rebajar la superficie total y de introducir varias modificaciones de planeamiento.

En concreto, según el informe de estos peritos, estaríamos hablando de más de 640 millones de euros para la Junta de Compensación de Los Berrocales, otros 755 millones para Valdecarros, mientras que, en el caso de Los Cerros, la indemnización ascendería a 182 millones. A todas estas cifras habría que sumar las posibles indemnizaciones adicionales de cada uno de los propietarios —cerca de un millar—, quienes también podrían reclamar responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, por los impuestos pagados a los largo de estos años en relación a suelos urbanizables cuya clasificación se modificará en base a dicho Plan Director.

"El Plan Director no tiene la validez jurídica como para hacer una modificación como la que se requiere", ha señalado Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), quien considera que "en un momento de actividad inmobiliaria como el que vive el sector en la actualidad, los efectos de estas medidas y el daño para toda la ciudad son irreparables, ya que ha paralizado la única bolsa de suelo finalista de estas características, donde se podrían construir viviendas para la clase media y baja de la capital, expulsando fuera de Madrid a aquellos que quieren comprar una vivienda a precios asequibles". Además, considera que "el Plan Director provocará importantes aumentos del precio del suelo, mientras que la inseguridad jurídica ahuyentará a los inversores".

Luz verde en agosto de 2013

Tal y como ha recordado Gómez-Pintado, el ayuntamiento y la Comunidad de Madrid ratificaron en agosto de 2013 el plan que respaldaba los desarrollos del sureste, cuya vigencia y validez fue refrendada en 2016 por el Tribunal Supremo, tras dar su visto bueno al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU).

"Desde entonces, el sector no ha cambiado tanto como para que se realice una modificación, pero si esa fuera la intención del ayuntamiento, el Plan Director no es el instrumento jurídico para llevarlo a cabo. Desde el punto de vista formal y jurídico, es inadmisible. El planeamiento que está en vigor es el de agosto de 2013 y es el que queremos que se aplique, ya que refleja y plasma el interés urbanístico de estos ámbitos para la ciudad", ha concluido el presidente de los promotores.

Las juntas han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el Plan Director, así como la legalidad del mismo, porque consideran que "se ha aprobado un pseudo instrumento de planeamiento. Un ayuntamiento no puede aprobar un instrumento de planeamiento urbanístico", y han solicitado la suspensión cautelar del mismo. El TSJM ha admitido a trámite el recurso, sin que por el momento se haya pronunciado al respecto.

Desde la llegada del nuevo Gobierno a la plaza de Cibeles, "se han ralentizado los desarrollos, e incluso ha habido peticiones escritas para que adapten sus convenios al Plan Director", denuncian desde Asprima.

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