El PSOE quiere incluir los gastos hipotecarios en el decreto de las cláusulas suelo

Los actuales gestores del PSOE quiere convertir el real decreto que establecerá un procedimiento extrajudicial para las cláusulas suelo en una de sus batallas propagandísticas contra la oposición encarnada por Pedro Sánchez y, desde el sábado, también por Patxi López. Por eso han rechazado todos los borradores del Gobierno, incluyendo el inicial que imponía un durísimo código de buenas prácticas a la banca. Y por eso quieren aprovechar este texto para incluir en el mismo procedimiento la reclamación de los gastos de formalización de las hipotecas por parte de los clientes.

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Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran que el primer partido de la oposición ya intentó incluir esta cuestión en el texto que iba a aprobarse en el Consejo de Ministros del viernes pasado y que finalmente volvió a ser aplazado. Y que pretende insistir en ello esta semana en las negociaciones del nuevo decreto. La idea sería que los clientes pudieran utilizar el mismo formulario para reclamar al banco tanto las cantidades cobradas en virtud de la cláusula suelo como los gastos de notario, registro y el impuesto de actos jurídicos documentados.

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Como informó El Confidencial, este aplazamiento obedeció a las discrepancias internas entre varios ministros y al rechazo del PSOE a dar su apoyo antes del comité federal, precisamente para no dar munición a los críticos. En este asunto, es bien conocida la voluntad de Mariano Rajoy de consensuar la norma con esta formación, aunque sus votos no son necesarios para sacarla adelante.

El uso propagandístico de este asunto en la guerra interna del PSOE quedó confirmado en la resolución del comité federal celebrado el sábado. En ella, entre nueve supuestos logros derivados del apoyo a la investidura de Rajoy, destacaba: "Nuestra posición ha impedido que el Gobierno castigara a 1,5 millones de españoles con cláusulas suelo en sus hipotecas a través de un procedimiento pensado para favorecer una vez más a los bancos". Es decir, que su rechazo al decreto ha evitado una norma lesiva para el consumidor y favorable a la banca, si bien también se opuso al primer código de buenas prácticas, considerado inaceptable por el sector financiero, al obligarle a devolver todas estas cláusulas sin necesidad de condena judicial.

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La gestora que dirige actualmente el PSOE y Susana Díaz necesitan todas las armas posibles para defender las bondades del apoyo al Gobierno del PP, después de que Patxi López manifestara claramente ayer su opinión de que fue un error abstenerse en la investidura de Rajoy. Es decir, López se hace con la posición que condujo a la salida de Pedro Sánchez y, por tanto, el sector oficialista debe convencer a los militantes de que esa abstención ha valido la pena. De ahí que enumere los 'éxitos' logrados gracias a esta decisión: aparte de las cláusulas suelo, están la subida del salario mínimo, la supresión de las reválidas, las nuevas normas contra la pobreza energética, la relajación del objetivo de déficit de las autonomías o la primera modificación de la reforma laboral.

Complicaciones para el Gobierno

Pero el PSOE lo va a tener bastante complicado para que el Gobierno acepte su petición. Si ya está resultando casi imposible aunar todos los intereses en liza en el decreto solo para las cláusulas suelo, meter también los gastos de formalización de las hipotecas sería una locura. El impacto de su devolución puede ser mucho mayor que el de las cláusulas suelo según algunos cálculos y, por ello, puede provocar una catástrofe en las cuentas y la solvencia de la banca. Mucho mayor que la obligación de provisionar el efecto potencial de la retroactividad total en las cláusulas suelo de la que informa El Confidencial este lunes.

La lógica del PSOE en contra de la banca sostiene que las entidades engañaron deliberadamente a sus clientes con ambas cosas, por lo que tiene sentido que los clientes puedan reclamarlas al mismo tiempo. El corolario sería que el sector debe devolver todas estas cantidades obligatoriamente y sin necesidad de sentencia judicial. Pero esto último es inaceptable por parte de la banca —es lo que la llevó a rechazar el primer código propuesto—, aparte del pánico a su impacto económico. Además, es de difícil encaje legal, algo de lo que el Ejecutivo es consciente; de ahí que las propuestas posteriores prevean solo una mediación (inicialmente) o negociación bilateral (en el último borrador) sin esta obligación, como mero paso previo a la vía judicial.

Los bancos que no han sido condenados se resisten a devolver nada hasta que lo sean —o solo dentro de una negociación, y en ningún caso la cantidad total—; y los que sí lo han sido y han devuelto el dinero hasta 2013, tal como les obligó el Supremo, consideran que es cosa juzgada y que no se les aplica la sentencia del Tribunal de la UE que concede la retroactividad total, por lo que tampoco quieren devolver nada más.