Bruselas da dos meses a España para que adapte su ley sobre desahucios a Europa

Tres años después, la Comisión Europea (CE) vuelve a sacar los colores a España por la ley que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria, los popularmente conocidos como desahucios. La CE ha abierto un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

El Ejecutivo comunitario ha enviado a España una carta de emplazamiento -primera fase del procedimiento de infracción comunitario- y ha amenazado con enviarle un dictamen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses, según un comunicado de la institución.

Aunque la CE ha valorado las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, después de que el tribunal de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas, señaló que le siguen preocupando "algunas cuestiones".

Tres años después

El desahucio de Mohamed Aziz en 2011 originó la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declaraba ilegal y abusiva la normativa española que regulaba los desahucios. La sentencia del TJUE daba luz verde a los jueces españoles para que paralizasen todos aquellos procedimientos de ejecución hipotecaria -o lanzamientos- en los que considerasen que las hipotecas firmadas por los afectados contenían cláusulas o condiciones abusivas, como intereses de demora o vencimientos anticipados del préstamo.

El TJUE dictaminó que los jueces podían paralizar todos los desahucios en los que considerasen que las hipotecas contenían cláusulas abusivas

Hasta ese momento, la legislación española no permitía al juez encargado de un proceso de ejecución hipotecaria paralizarlo si consideraba que el contrato contenía cláusulas abusivas, ya que le impedía entrar a valorar este tipo de cuestiones. De esta manera, una vez iniciado el procedimiento, el juez no podía ordenar la suspensión de la ejecución o subasta forzosa del inmueble y, por tanto, impedir que el deudor pierda la vivienda.

El Ejecutivo comunitario precisa en su misiva que su objetivo es "garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas". La directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

Según Amnistía Internacional -en base a datos del Banco de España-, entre 2012 y junio de 2014 se produjeron en España 97.577 ejecuciones hipotecarias. Es decir, cerca de 100.000 familias perdieron su lugar de residencia habitual.