La sentencia de las cláusulas suelo amenaza con no aplicarse al resto de afectados

La idea de que la sentencia de la demanda colectiva que se ha arbitrado en el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid va a aplicarse a todas las hipotecas con cláusulas suelo de España puede ser falsa. De hecho, un dictamen elaborado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Javier López Sánchez, considera que no es así, sino que la resolución únicamente tendrá efectos sobre los 15.000 afectados que se han sumado a la demanda y no tiene ningún efecto más allá.

[Lea aquí: El Tribunal de la UE concede la retroactividad total en las cláusulas suelo]

La conclusión de este informe es que "no hay en estos casos una verdadera acción colectiva y la sentencia que se dicte circunscribe sus efectos a los sujetos en cuyo nombre se ejercitan las acciones de que son titulares". Se trata de una demanda presentada por la asociación Adicae, pero este catedrático sostiene que en realidad no se trata de una acción colectiva, sino de "acciones de carácter individual que se ejercitan de forma acumulada". Su conclusión es que, "evidentemente, la eficacia de la sentencia, en tales casos quedará circunscrita a los sujetos en cuyo nombre se ejercitan las acciones que les corresponden".

López Sánchez, experto en demandas colectivas (es autor del libro 'El sistema de las 'class actions' en los Estados Unidos de América'), también llega a esta conclusión por otra vía: dado que el principio que invoca la demanda de Adicae es la nulidad de estas cláusulas, y dado que "si la nulidad se funda en los vicios del consentimiento, tales vicios se producen en cada contrato", la conclusión es que "en la medida en que las causas que afectan a la nulidad respondan a circunstancias de carácter estrictamente individual, tal colectivización no resulta posible, porque no existe la suficiente conexión objetiva para imponer una acumulación subjetiva de acciones".

Con esta argumentación se reafirma en que no existe una acción colectiva. Yendo un paso más allá, de esto se deduce que "si no es posible la acumulación subjetiva de acciones, mucho menos puede imponerse un tratamiento colectivo que extienda la decisión del tribunal a todos los consumidores que hubiesen contratado con la misma entidad bancaria".

No habrá una devolución masiva

El dictamen de este catedrático se ha hecho a petición de algunos despachos de abogados para ver el potencial efecto de esta sentencia en sus clientes afectados por estas cláusulas hipotecarias. Curiosamente, lo que quieren demostrar estos bufetes no es que una eventual sentencia que avale la retroactividad total (la devolución de todo lo cobrado de más desde la firma del préstamo) no podrá aplicarse a sus clientes, sino justo lo contrario: que una sentencia que no conceda esa retroactividad total, sino que la limite hasta 2013 siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no será de aplicación a sus clientes, por lo que estos podrán seguir litigando para pedir la retroactividad total.

Ahora bien, si la titular del citado juzgado se inclina por la retroactividad total, como dan a entender algunas informaciones, tampoco se devolverá el dinero al resto de afectados por estas cláusulas que impiden a los hipotecados beneficiarse de los bajos niveles actuales del Euribor, unos 350.000 aproximadamente. Al contrario, todos ellos no tendrán más remedio que acudir a los tribunales, de forma individual o colectiva, para conseguir la retroactividad total.

En este sentido, el dictamen de la Comisión Europea adelantado por El Confidencial en que se muestra partidaria de la retroactividad total tampoco se aplicaría a todas las cláusulas suelo, sino solo en aquellos casos en que el banco haya sido condenado.

La solución salomónica imposible

La única forma de evitar la necesidad de pasar por los tribunales es que el Gobierno apruebe una norma que zanje definitivamente la cuestión, que es lo que planteó al sector este verano, como también informó este medio. Ahora bien, esto es muy complicado porque una norma que imponga la nulidad de unas cláusulas firmadas ante notario y ajustadas a la ley vigente, y la devolución de todas las cantidades, sería recurrida por el sector bancario al tener visos de inconstitucionalidad. Además, el Banco de España y el BCE presionan para que no haya retroactividad y no poner en peligro la estabilidad financiera.

Por eso, la única salida parece un pacto, que es lo que las entidades propusieron al Gobierno en septiembre y este aceptó en octubre: eliminar las cláusulas de ahora en adelante pero sin retroactividad, a la espera de la sentencia de Madrid y la del Tribunal de Justicia de la UE para el que se elaboró el informe de la Comisión.

Ahora bien, si estas sentencias tampoco pueden extrapolarse a todos los casos, como sostiene López Sánchez, volvemos a la casilla de salida: la banca y el supervisor solo aceptarán un pacto sin retroactividad, y los afectados y las asociaciones de consumidores no se conformarán con menos que la retroactividad total. En todo caso, no se espera que ninguna de las dos sentencias llegue antes de las elecciones del 20-D.