El Supremo ordena la demolición de la Biblioteca Pública de Estado de Las Palmas
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El Supremo ordena la demolición de la Biblioteca Pública de Estado de Las Palmas

El TS ha fallado en contra del Ayuntamiento y la Abogacía del Estado al dictar sentencia que establece la demolición de la Biblioteca Pública del Estado

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David se ha impuesto a Goliat. Los vecinos dela Comunidad de Propietarios del Edificio de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria han conseguido que el Tribunal Supremo (TS) falle a su favor en contra del Ayuntamiento de la capital y la Abogacía del Estado al dictar sentencia que establecela demolición de laBibliotecaPública del Estado.

LaSección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo delTS ha rechazado los recursos de tanto delAyuntamiento como de la Abogacía del Estado contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2013.

En concreto, el alto tribunal ha confirmado que el edificio de la Biblioteca Pública del Estado, en Las Palmas de Gran Canaria,debe ser demolido"por ser contrario a las disposiciones urbanísticas", además de por haber eliminado zonas verdes y constituir unapantalla arquitectónicaque "cercena las vistas del litoral", entre otras cuestiones citadas.

Con esta decisión, el TS rechaza los recursos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de la Abogacía del Estado contra el auto del TSJC, de 14 de febrero de 2013, que rechazó la solicitud de quese decretase la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia firmedel caso que estableció la demolición (en el año 2002) argumentando que la biblioteca "tiene idéntico régimen jurídico de los bienes de interés cultural, previsto en la Ley de Patrimonio, por lo que no procede ordenar su demolición".

En este sentido, el Supremo explica su rechazo a esa tesis, apuntando que la finalidad de la Ley de Patrimonio "es amparar las bibliotecas de titularidad del Estadobajo el presupuesto de que éstas se hayan construido legalmentey no parece que su objetivo sea permitir las edificaciones ilegales destinándolas a bibliotecas, archivos o museos estatales".

Asimismo, la Sala afirma ser consciente de los conflictos que plantean las actuaciones administrativas declaradas ilegales cuando los hechos se han consumado como ocurre en este caso, al tiempo que agregó que su cometido institucional (artículo 117 de la Constitución) "es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y no amparar o dar cobertura a actuaciones ilegales".

La sentencia del TS cuenta con elvoto particular de dos de los cinco magistradosque la han dictado, que entendían que debía estimarse el recurso del Ayuntamiento y del abogado del Estado declarándose la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia, y fijándose alternativamente una indemnización para los vecinos de la comunidad de propietarios del edificio San Telmo.

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