Andalucía pide al Gobierno negociar las discrepancias sobre el decreto de vivienda
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PREVÉ SANCIONES PARA LAS CASAS VACÍAS

Andalucía pide al Gobierno negociar las discrepancias sobre el decreto de vivienda

La Junta de Andalucía ha solicitado  al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para resolver las

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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para resolver las discrepancias sobre el decreto andaluz de vivienda, que prevé sanciones por las casas vacías y expropiaciones temporales a los bancos para evitar desahucios en situaciones vulnerables.

En un comunicado, la Consejería de Fomento y Vivienda ha informado de que ha solicitado al Gobierno la convocatoria de una comisión bilateral para analizar los supuestos conflictos de competencias que ha esgrimido el Ejecutivo, y para plantear "medidas para su resolución en el ámbito de la cooperación y no en el marco judicial".

Precisamente, está previsto que en los próximos días se pronuncie el Consejo de Estado en relación a la interposición por parte del Gobierno de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto andaluz sobre desahucios por considerar que vulnera el derecho a la propiedad de la vivienda.

Según la Consejería, el plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde la entrada vigor del decreto, aunque, si antes de que finalice ese periodo se convoca la comisión bilateral, los tres meses se podrían ampliar a nueve si se adopta un acuerdo de negociación para resolver las discrepancias y se comunica al Alto Tribunal.

"El recurso ante el Tribunal Constitucional que ha anunciado el Gobierno es absolutamente innecesario y precipitado, más aún cuando lo que está en juego es la protección de familias en situación extrema, y a las que el decreto da una oportunidad de salir adelante", ha afirmado el viceconsejero de Vivienda, José Antonio García.

El recurso, que podría suponer la suspensión cautelar de la aplicación de la norma, supondría un "revés del Gobierno a quienes menos tienen y más necesitan de las administraciones", ha recriminado.

Asimismo, ha reiterado que la constitucionalidad de la norma andaluza es "absolutamente evidente" y está avalada por la jurisprudencia del propio Tribunal y por "voces de prestigiosos juristas que cada día toman la palabra en defensa del decreto".

"No vamos a dar marcha atrás. Hay 700.000 viviendas vacías en Andalucía, donde desde 2007 se han producido más de 80.000 desahucios. Eso es absolutamente insostenible", ha apostillado.

El viceconsejero ha insistido en que la comisión bilateral "es el foro adecuado para estudiar la aplicación de la normativa, evaluar sus consecuencias y dirimir las cuestiones entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno".

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