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La nueva Ley de Costas ‘salva’ del cierre los negocios a pie de playa de Ferroatlántica y Ence

Guiño del Gobierno al Grupo Villar Mir y al Grupo Empresarial Ence con la futura Ley de Costas. La normativa, que se aprobará hoy en el

Foto: La nueva Ley de Costas ‘salva’ del cierre los negocios a pie de playa de Ferroatlántica y Ence
La nueva Ley de Costas ‘salva’ del cierre los negocios a pie de playa de Ferroatlántica y Ence
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    Guiño del Gobierno al Grupo Villar Mir y al Grupo Empresarial Ence con la futura Ley de Costas. La normativa, que se aprobará hoy en el Senado, evitará que tanto Juan Miguel Villar Mir como Juan Luis Arregui tengan que echar el cierre a dos fábricas de su propiedad que invaden dominio público y que, según contemplaba la ley de 1988, estaban abocadas a ello si en 2018 no habían encontrado otra ubicación.

    En el primero de los casos, se trata de la industria de Ferroatlántica, en el polígono industrial de Raos en Cantabria, entre los municipios de Astillero y Camargo. El 45% de su actividad invade, por mar y tierra, dominio público. La concesión de ocupación, de 30 años, caduca en 2018, fecha tope fijada por la ley de 1988 para que dicha fábrica –como otras grandes industrias en el litoral español- trasladase su actividad ya que, de lo contrario, las instalaciones deberían cerrar al finalizar la citada concesión. La Cámara de Comercio de Cantabria calcula que con el cierre de esta empresa se perderían 200 puestos de trabajo.

    Con la nueva ley, Villar Mir podrá evitar, salvo sorpresa de última hora, la desagradable experiencia vivida en Huelva con Fertiberia, ya ilegalizada. El Tribunal Supremo (TS) ratificó en 2011 la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de junio de 2007 en la que consideraba caducada la concesión que autorizaba a Fertiberia el uso del litoral para seguir depositando fosfoyesos en la ría de Huelva y la obligaba a cesar esa actividad dos años antes de lo previsto, en diciembre de 2010.

    También puede respirar con cierto alivio Juan Luis Arregui, presidente del Grupo Empresarial Ence, que cuenta con una papelera en plena costa de Pontevedra.  

    El traslado podría suponer una inversión en torno a 700 millones de euros. La compañía argumenta, para evitar el traslado, que la empresa genera 5.000 empleos en toda Galicia, 4.000 de ellos en zonas rurales, además del 10 % del PIB en Pontevedra. Asimismo, en numerosas ocasiones su presidente ha insistido en las enormes dificultades técnicas que entrañaría un traslado de la actual factoría de Lourizán a una nueva ubicación fuera de la ría de Pontevedra. “Necesitamos captar agua de un punto y verter agua en otro y en este punto es donde el río Lérez y la ría definen muchas cosas", aseguraba Arregui hace unos meses.

    Desde el Ministerio de Medio Ambiente se insiste en que el objetivo de la reforma es conseguir que sea compatible la protección del litoral con el desarrollo de las actividades económicas y la seguridad jurídica. 

    Entre 10.000 y 300.000 viviendas afectadas

    2018 estaba marcado en el calendario de ambas compañías como fecha clave. Ese año caduca la concesión administrativa que ampara la legalidad de complejos industriales, hoteles, viviendas… De ahí que la reforma, tal y como ha sido diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente permitiría evitar el cierre masivo de empresas -con el perjuicio que eso provocaría sobre la ya de por sí maltrecha economía española- y el derribo de miles de viviendas a pie de playa. 

    Esta "amnistía a la destrucción", como califican la reforma en Greenpeace España, va más allá de estos complejos industriales. Hay hoteles y miles de viviendas afectadas. “El Ministerio de Medio Ambiente habla de 10.000, pero lo cierto es que no hay estadísticas reales. No sabemos, por ejemplo, cuántas son primera o segunda vivienda, cuántos hoteles o industrias”, explica a El Confidencial Pilar Marcos, responsable de la campaña de costas de Greenpeace. “La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas habla incluso de 300.000 viviendas”.  

    Desde Medio Ambiente señalan que la ley de 1988 "dejaba en una situación de indefensión a cerca de 10.000 viviendas de la costa. Lo que no beneficia en nada a nuestra imagen fuera". Y añaden que la nueva legislación "no supone en ningún caso levantar la mano al urbanismo, sino ordenar lo que hay, lo que ya existe en la costa". 

    Gran parte de estos inmuebles son anteriores a la Ley de Costas de 1988. A partir de ese año quedaron fuera de ordenación urbanística al estar ubicados en suelo de dominio público marítimo-terrestre, tal y como fijó la ley. Por ello, a partir de ese año, los propietarios de esas construcciones únicamente podían disfrutar de su privilegiada ubicación durante una concesión de 30 años, un plazo que expiraba en 2018.

    Posiblemente, el caso más representativo de esta invasión de la costa es el del hotel de El Algarrobico, ubicado en el Parque Natural de Cabo de Gata, en Almería.

    El proyecto de ley, actualmente en el Senado, contempla la posibilidad de que la franja de servidumbre de protección del litoral se reduzca de 100 a 20 metros en las zonas no clasificadas como urbanas pero que tengan acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.

    La demolición, una solución muy cara

    Según la ONG, El Algarrobico se encontraría en esta situación, ya que invade la servidumbre de protección de 100 metros en una zona no urbana. Greenpeace teme que la ley permita legalizar parcialmente el hotel, afirmaciones calificadas de "alarmistas" por el Gobierno. Lo que no parece una opción es su demolición, ya que podría costar entre 6 y 7 millones de euros.

    Desde la plataforma ecologista denuncian, además, que la reforma "permitirá a todos los ayuntamientos legalizar todos los horrores urbanísticos que se han cometido en España. Para ello solamente tendrán que remitir un expediente al Ministerio de Medio Ambiente solicitándolo siempre y cuando esas zonas tuvieran, antes de 1988 acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. Situación en la que se encontrarían, por ejemplo, el Algarrobico o el Hotel Papagayo de Lanzarote", explica Pilar Marcos. Añade que “el Ministerio tendrá un plazo de 18 meses para contestar. Si da la callada por respuesta, se entenderá el silencio administrativo como un sí”.

    Por el contrario, fuentes de Medio Ambiente la defienden asegurando que “es absolutamente necesario anticiparse a situaciones como la del Algarrobico. Demoler y restaurar una zona siempre es mucho más complicado que tomar bien las decisiones desde un comienzo. Y eso es lo que se pretende con esta modificación de la ley”. 

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