Miles de cooperativistas estafados aplauden la suspensión de la polémica juez Coro Cillán

Miles de cooperativistas respiran aliviados después de que la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidiera suspender cautelarmente a la juez titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán, tras la apertura de juicio oral contra ella por un delito de prevaricación. Recordemos que la magistrada accedió a la carrera judicial a través del cuarto turno en 1994, no mediante oposición.

En este juzgado se instruye, desde hace cuatro años, el procedimiento penal contra los máximos responsables de la gestora de cooperativas Ofigevi, entre ellos Miguel Torralbo y sus hijos Amanda y Rafael Torralbo, todos ellos acusados de estafar a miles de familias que entregaron a cuenta importantes cantidades para la construcción de varias promociones en el sureste de Madrid.

La noticia ha sido recibida con cierto optimismo entre los afectados. “Mostró bastante sensibilidad con los cooperativistas, pero ha retrasado enormemente el procedimiento”, explican a El Confidencial fuentes judiciales.

En septiembre de 2009, Coro Cillán ordenó el ingreso en prisión de Torralbo. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid revocó dicho auto –por falta de motivación- y, finalmente, en junio de 2010, la misma juez dictaba otro por el que decretaba su libertad provisional previo pago de una fianza de 300.000 euros.

Coro Cillán consideró "suficiente" la libertad provisional bajo fianza de Torralbo, que debía comparecer semanalmente en el juzgado y tenía prohibido abandonar el territorio nacional.

El gran interrogante que se abre ahora ante los cooperativistas es qué juez se hará cargo de este caso a partir de ahora

La fianza se puede pagar en efectivo o depositando alguna propiedad, como por ejemplo una hipoteca sobre un inmueble. “En este segundo caso, la ley exige que el bien inmueble ofrecido sea valorado por dos peritos designados por el juez y que el valor neto sea el doble de la fianza exigida”, añaden esas fuentes.

En el caso de Miguel Torralbo y sus dos hijos, que optaron por la segunda vía, los inmuebles aportados no sólo no cubren la fianza, "sino que tienen un valor negativo. Esto se explica porque tienen más cargas de lo que realmente valen. Lo han dicho los peritos y, sin embargo, la juez no ha hecho nada y siguen en la calle", añaden dichas fuentes.

El gran interrogante que se abre ahora ante los cooperativistas es saber qué juez se hará cargo de este caso a partir de ahora. En principio, el nombramiento de un sustituto debería ser inmediato.

“La carga de trabajo de este juzgado requeriría la designación de tres o cuatro jueces. Hay un cúmulo brutal de trabajo. El peligro que corremos es que si, finalmente, solamente se designa un juez, se tienda a archivar muchos casos abiertos”, señalan las fuentes judiciales consultadas por este diario, que señalan que esta estafa, con más de 2.000 querellantes –aunque hay más de 12.000 afectados-, necesitaría de la dedicación en exclusiva de un solo magistrado, como ya se hizo con el caso del último accidente aéreo ocurrido en Barajas.

Miguel Torralbo, sus hijos y cómplices están acusados de estafa, apropiación indebida, disposición fraudulenta de bienes y falsificación de cuentas anuales por miles de socios de las cooperativas que gestionaban a través de Ofigevi y Gespozuelo.

Batalla judicial también en lo civil

Cuando muchas de estas cooperativas se disolvieron y se declararon en concurso de acreedores, las aseguradoras -HCC y Asfea- se negaron a devolver las cantidades aportadas

Por la vía de lo civil, hay buenas y malas noticias para los cooperativistas ya que hay unas sesenta sentencias a favor y unas treinta en contra. La justicia española está dividida respecto a la estafa que han sufrido miles de cooperativistas de toda España. Familias, parejas, solteros que confiaron en gestores, aseguradoras y entidades financieras para hacer realidad el sueño de tener una vivienda en propiedad. Un sueño que saltó por los aires y se transformó en pesadilla cuando los proyectos de sus viviendas quedaron en el aire por culpa de la crisis y la mala praxis de algunos gestores, y no pudieron recuperar su dinero.

Muchas de ellas se embarcaron en ese sueño hace una década. Depositaron sus ahorros. 40.000, 50.000, 60.000 euros, unos ahorros que no podrán recuperar, en el mejor de los casos, hasta dentro de cinco, seis o siete años.

Todos ellos firmaron unos seguros para avalar las aportaciones que iban realizando mes a mes de tal manera que, si finalmente no recibían las llaves de sus viviendas, su dinero estaría a salvo y podrían recuperarlo. Pero no fue así. Cuando muchas de estas cooperativas se disolvieron y se declararon en concurso de acreedores, las aseguradoras -HCC y Asfea- se negaron a devolver las cantidades aportadas. Para esas familias -muchas tiraron la toalla- comenzó la batalla judicial.