Los promotores andaluces cargan contra el ‘corralito inmobiliario’ que planea la Junta

Sanciones de hasta 9.000 euros y expropiaciones temporales para evitar desahucios. El nuevo plan de vivienda social de la Junta de Andalucía contempla estas dos medidas. La iniciativa trata de hacer aflorar el parque residencial de inmuebles vacíos en la comunidad andaluza, que el propio Gobierno bipartito de José Antonio Griñán cifra entre 700.000 y un millón, de los que entre 350.000 y 500.000 pertenecen a personas jurídicas.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de la provincia de Málaga, José Prado Seseña, carga contra este plan al tildarlo de “corralito inmobiliario” para los ahorradores. “Esta intromisión e intervencionismo aberrante de la Junta de Andalucía se parece al corralito de las preferentes. Es como si fueran a un concesionario de automóviles y se impusiera a los vehículos en stock al precio que quisiera la Administración autonómica”, expresó Prado en declaraciones a El Confidencial.

Los promotores se quejan de cómo la Consejería de Fomento y Vivienda, que controla Izquierda Unida de la mano de Elena Cortés, la consejera 'escrache', pueda forzar “el manejo de la propiedad privada”. “Se trata”, añadió, “de una coacción grave, y además sería muy discutible la posibilidad de una sanción. Nosotros construimos una vivienda como producto final y la podemos dedicar al alquiler, la venta o a tenerla en stock. Lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es una política social para que nadie esté sin vivienda. Les ponemos las viviendas para que usted desarrolle sus políticas sociales como es preceptivo”.

Prado defiende que la inversión en vivienda es ahora mismo “la más segura”. Lo argumenta en la alta demanda de alquiler, aparte de las plusvalías en el momento de vender el inmueble. “En las dos últimas crisis en España, las de 1992 y 2002, el producto inmobiliario cayó un 25% y luego subió dos veces más”, destacó a este diario el representante andaluz de los promotores y constructores. 

El decreto, en palabras de Cortés, supone "un cambio profundo, radical y estructural" en defensa de la vivienda "como derecho humano", y ha enfatizado que se aprueba en un contexto de "absoluta emergencia social y económica para frenar de forma inmediata una sangría social". En su opinión, las viviendas vacías suponen "el mayor exponente" del incumplimiento de su función social.

La nueva norma incluye un sistema de sanciones leves, graves y muy graves para las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento su reserva residencial. Para declarar como vacía una vivienda será necesario acreditar durante un periodo de seis meses la no habitabilidad, y la nueva regulación establece la creación de un Registro de Viviendas Deshabitadas como instrumento de control, al tiempo que dispondrá de un plan de inspección que, con una vigencia de dos años, fijará los criterios para priorizar la actuación de la Junta en este ámbito.

Respecto a la expropiación temporal, será de aplicación en procedimientos de desalojo instados por los bancos y sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos, y las entidades afectadas por la expropiación recibirán a cambio el 2% del justiprecio, que es lo previsto en la Ley de Expropiaciones.