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Artillería legal contra los desahucios: los afectados demandan a la banca
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CEACCU IDEA UNA ESTRATEGIA JURÍDICA PARA FRENAR LOS PROCESOS HASTA 10 AÑOS

Artillería legal contra los desahucios: los afectados demandan a la banca

Cientos de familias al borde del desahucio y en pleno proceso de ejecución hipotecaria podrían conseguir frenar sus procedimientos hasta diez años. Los servicios jurídicos de la

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Artillería legal contra los desahucios: los afectados demandan a la banca

Cientos de familias al borde del desahucio y en pleno proceso de ejecución hipotecaria podrían conseguir frenar sus procedimientos hasta diez años. Los servicios jurídicos de la asociación de consumidores CEACCU han diseñado una estrategia jurídica con la que pretenden promover demandas masivas contra los bancos y detener las ejecuciones hipotecarias.  

Una estrategia que se basa en “dar la vuelta a la tortilla al proceso judicial al convertir a los demandados amenazados con desahucios en demandantes”, ha explicado Eugenio Ribón Seisdedos, responsable del departamento jurídico de la asociación. “La víctima del banco se convertirá en su verdugo”.

Esta estrategia consiste en demandar al banco por las "cláusulas abusivas en los contratos" y de esta forma poder retrasar unos cuatro años -de media- el proceso de ejecución hipotecaria. Para conseguirlo, los afectados tendrán que presentar lo que en terminología jurídica se llama 'demanda de nulidad de las condiciones generales de la contratación'.

Demandar al banco por las cláusulas abusivas de los contratos 

“Aproximadamente el 90% de las hipotecas están plagadas de este tipo de cláusulas y lo que se pide en esta demanda es que sean declaradas abusivas y nulas”, comenta Ribón.

Esta demanda deberá plantearse ante el Juzgado de lo Mercantil que corresponda en cada caso y va a permitir la paralización de los procedimientos de ejecución hipotecaria  -que se resuelven en los Juzgados de Primera Instancia-. Ribó calcula que con esta demanda, el afectado puede conseguir alargar el proceso durante cuatro años ya que para que pueda continuar adelante la ejecución hipotecaria, primero es necesario que se resuelva la demanda de lo mercantil. Esto es, el juez debe primero pronunciarse sobre la nulidad o no del contrato hipotecario.

La CEACCU pone a disposición de los afectados a través de su página web dos documentos para poder llevar a cabo esta estrategia jurídica. Por un lado un 'Modelo de demanda de nulidad individual de condiciones generales de la contratación' y un 'Modelo de solicitud de suspensión de ejecución hipotecaria'. El primero de estos documentos es el que se debe presentar en el juzgado de lo mercantil y una vez sellado, presentarlo junto con el segundo documento en el juzgado de primera instancia donde han sido denunciados por el banco.

"La suspensión del proceso de ejecución es inmediato pero los afectados deben ser rápidos", apunta Ribón. Una vez presentados estos documentos, el experto asegura que "el colapso que sufren los juzgados" provocará una demora de unos cuatro años hasta que se pueda volver al punto de partida.

La suspensión, de hasta 10 años, por la Ley de Tasas Judiciales

Pero además, esta demora podría incluso llegar a alcanzar los diez años gracias a la recién aprobada Ley de Tasas, ya que los dos modelos de demanda aportados por la organización incluyen una cuestión de constitucionalidad ante esta medida que, de ser aceptada por el juez del caso, paralizaría hasta otros siete años más hasta que se pronuncie al respecto el Tribunal Constitucional. "El proceso podría paralizarse hasta diez años y ante esto es muy posible que a la banca sí que le interese negociar con los afectados", apunta Ribó.

De esta forma, Ribón señala que "no es necesario esperar a lo que dictamine Bruselas sobre los abusos de los bancos sobre el consumidor" -que se está revisando en otros procesos paralelos- sino que "todos los afectados tienen en sus manos la posibilidad de retrasar su desahucio" personándose "de forma directa" contra su banco.

Recordemos que hace unas semanas, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, dictaminó que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

El dictamen de la abogada general respondía a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia de un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

"Con esta estrategia no tenemos que esperar a que se pronuncie Bruselas porque en cada una de las demandas se pone nombre y apellidos a cada caso que puede haber sufrido abusos en sus contratos hipotecarios", añade Ribón.

No paraliza los intereses de demora

Desde la asociación de consumidores aclaran que "el hecho de presentar la demanda de nulidad no significa que el juez vaya a dar la razón al afectado, pero sí que gana tiempo con ello". Y advierten de que durante todo este proceso los intereses derivados de la deuda con el banco no se paralizan. Esto significa que durante esos cuatro o diez años el banco seguirá aplicando intereses de demora, una cláusula muy frecuente en los contratos hipotecarios calificada de "abusiva" y de "barbaridad" tanto por letrados como por algunos políticos y que oscilan entre el 25% y el 30% en la mayoría de los casos.

Unos intereses que también siguen engordando en todos aquellos procedimientos que se suspendan al amparo del Decreto 'antidesahucios' aprobado la semana pasada y muy criticado por expertos y afectados quienes consideran que el número de familias que podrán acogerse a él es muy limitado.

Movilización de los abogados de toda España

La problemática de los desahucios ha calado hondo en la sociedad española. Las movilizaciones de afectados, organizaciones de consumidores y abogados e incluso jueces se han traducido en diferentes iniciativas para intentar frenar los desahucios.

La iniciativa jurídica de la CEACCU se suma, por ejemplo, a la anunciada la semana pasada por el Consejo General de la Abogacía Española –órgano representativo coordinador y ejecutivo de los 83 colegios de abogados- que puso a disposición de los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias un escrito dirigido al órgano judicial competente para pedir la suspensión inmediata del desahucio de una vivienda sujeta al préstamo hipotecario.

El documento, disponible para ciudadanos y asociaciones de consumidores en los 83 colegios de abogados y en la web de la abogacía española. El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar el desahucio en la "situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde 2007" y "las miles que se están tramitando".

Además, la abogacía pide la paralización de la ejecución hipotecaria por la inminente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial C415/2011 planteada por el Juzgado Mercantil 3 de Barcelona para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros mínimos exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores y usuarios.

Cientos de familias al borde del desahucio y en pleno proceso de ejecución hipotecaria podrían conseguir frenar sus procedimientos hasta diez años. Los servicios jurídicos de la asociación de consumidores CEACCU han diseñado una estrategia jurídica con la que pretenden promover demandas masivas contra los bancos y detener las ejecuciones hipotecarias.