La dación en pago se queda en recomendación

No tendrá la fuerza normativa de un decreto-ley y será solo una declaración de intenciones, un “código de buenas prácticas” en palabras del Gobierno, que dejará al albur de las entidades financieras la decisión final sobre la dación en pago, la medida estrella anunciada este miércoles por el ministro de Economía, Luis de Guindos, para aquellas familias con todos sus miembros en paro y sin ingresos ni rentas para afrontar el pago de la hipoteca.

Tal y como ha aclarado De Guindos, las entidades se podrán acoger a esas prácticas de forma “voluntaria”. La letra pequeña del anuncio pone al descubierto, según la oposición, las “insuficiencias”, según el PSOE, de una medida que el Gobierno no ha querido regular por ley y que tampoco obligará a poner en práctica a aquellas entidades financieras que han recibido ayudas públicas del Estado a través del FROB. Una propuesta ésta que desde la oposición solicitan tanto el PSOE como La Izquierda Plural (IU, ICV, CHA).

Para el portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, el ministro ha tratado de generar falsas expectativas sobre un asunto que afecta a miles de personas. “Un código de buenas practicas no obliga, son sólo simples recomendaciones y no podemos levantar falsas expectativas desde el Gobierno al conjunto de los clientes de las entidades financieras diciendo que será posible la dación en pago cuando el deudor incurra en desempleo”, ha explicado. En su opinión, es un buen paso, pero se queda corto y solicita, por ello, una “legislación prudente” que respete y tenga en cuenta también la propia situación de las entidades financieras.

Todo se queda, pues, en una mera recomendación de buenas intenciones que el diputado de ICV, Joan Coscubiela, autor de la interpelación al ministro sobre la dación en pago, considera también una especie de anuncio engañoso: “Peor que solucionar el drama de familias desahuciadas es engañarlas”, escribía en su cuenta de Twitter una vez finalizado el debate. “Eso es lo que intenta Guindos con propuesta de buenas prácticas financieras”. Algo que, en su opinión, tratándose de los bancos es un “oxímoron”.

En su respuesta al diputado Coscubiela, De Guindos ha avanzado que Economía recomendará a los bancos que permitan saldar la hipoteca con la entrega de la vivienda a aquellas familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales, siempre que se trate de su primera vivienda. El ministro ha explicado que en estos casos se debería permitir, dado que la vivienda es el único activo con el que cuentan esas familias y “pedir más es excesivo”.

De Guindos también se ha mostrado partidario de que se permita un periodo de carencia para que las familias a las que se ha embargado efectivamente el inmueble puedan seguir ocupándolo “un tiempo prudencial” de al menos dos años. Un periodo que podría ser prorrogable si las familias acuerdan con la entidad financiera una cuota de pago que sea considerada “justa”.

No obstante, ha advertido, eso sí, de que hay que tener cuidado con esta práctica, pues puede llegar a ser negativa para la concesión de crédito a futuro y provocar subidas de tipos de interés.

Inútil, según consumidores y afectados

Otra de las críticas de ICV y de buena parte los afectados por el impago de las hipotecas es que la medida anunciada por el Gobierno se queda muy corta a la hora de definir el “umbral de pobreza” por el que se podría recomendar esa dación en pago. Para el diputado Coscubiela, el ministro se refiere casi a “gente que esté durmiendo en los cajeros”, mientras que para Chema Ruiz, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se está hablando de “pobres de solemnidad”.

“Aunque se legislase por ley y no fuera solo una serie de recomendaciones tampoco serviría porque beneficiaría solo a muy pocas personas”, añade Ruiz. “El 80% de los afectados son gente de clases medias que ha visto muy reducidos sus ingresos, que pueden estar cobrando unos 800 ó 900 euros y que no pueden hacer frente a hipotecas de, por ejemplo, 1200 euros”.

En su opinión, “pedirle a la banca que cumpla con un código ético es absurdo” porque las entidades financieras tampoco han cumplido con las recomendaciones formuladas en el pasado por el Banco de España. Para la asociación de consumidores y usuarios Facua, no se puede fiar de la buena voluntad de los bancos. Su portavoz, Rubén Sánchez, explica que “la banca está cometiendo cada vez más abusos y fraudes en España, desde las cláusulas suelo hasta las participaciones preferentes, pasando por el cobro irregular multitud de comisiones, y la respuesta del Gobierno es un código de autorregulación que sólo cumplirá el que quiera y si no lo hace, tendrá como mucho un tirón de orejas”.